Por Helga Kauffman
El pasado domingo se llevó a cabo una marcha ciudadana en diversas ciudades de la república, convocada por organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo fue la defensa de la Suprema Corte (SCJN) en virtud de los ataques reiterados desde el gobierno por las decisiones que el supremo tribunal ha tomado.
En la marcha que culminó en el zócalo de la CDMX, participaron un buen número de personas con consignas y porras a favor de México y de la SCJN, exigiendo al gobierno respeto por las instituciones. Una expresión ciudadana al amparo de nuestras leyes. Un ejercicio del derecho a la libre manifestación.
En esa marcha el móvil fue la exigencia, el reclamo, la presión, no la violencia. Las expresiones de la sociedad tienen siempre un motivo, responden ante una agresión, obedecen a un estímulo. Un gran número de mexicanos consideramos que los reiterados ataques a la SCJN son injustos y ofensivos, y muchos decidieron marchar para exigir que cesen.
La violencia ha estado presente en las escalinatas de la SCJN desde el 24 de abril, cuando un pequeño grupo de personas montó un plantón, con carpas y mantas, y carteles con mensajes ofensivos en las puertas del edificio. Las expresiones contra los Ministros, principalmente la Ministra Presidenta, son evidentemente violentos.
La violencia marchó hacia la SCJN el pasado 20 de mayo, encabezada por el gobernador de Veracruz, portando el ataúd de la Ministra Norma Piña. Las consignas en contra de uno de los Poderes de la Unión fueron en extremo violentas. El hecho de que esta concentración haya sido convocada – y pagada – por funcionarios públicos, aumenta su gravedad.
La violencia hizo acto de presencia en el zócalo de la CDMX el 18 de marzo, en una manifestación convocada por el Presidente. Seguidores de su movimiento prendieron fuego a una grotesca representación de la Ministra Piña, ante el alborozo de los manifestantes.
La violencia se ha institucionalizado con los ataques facciosos e injustificados del Presidente en contra de las decisiones de la SCJN, que han declarado inconstitucionales medidas dictadas desde Palacio Nacional y aprobadas por los legisladores de la mayoría oficial.
En la marcha del domingo, un grupo de manifestantes se dirigió a la SCJN y exigió a los integrantes del plantón que se retiraran y descolgaran las mantas ofensivas. Hubo ‘gritos y sombrerazos’ y se intercambiaron golpes y ofensas, hasta que la policía capitalina retiró el plantón y permitió que se bajaran las mantas.
Cuando la autoridad – que debe velar por la convivencia en paz de los ciudadanos – azuza a sus seguidores, polariza posiciones, miente y utiliza irresponsablemente su posición de poder, está ejerciendo violencia, y puede provocar una espiral de reacciones que será difícil detener. Lo del domingo no pasó a mayores, pero fue un aviso.
Presidente, no se rasgue las vestiduras, asuma su responsabilidad.
