EEUU y la OEA expresaron su preocupación por la “judicialización del proceso electoral” y pidieron respetar la voluntad del pueblo expresado en las urnas.
Guatemala se encontraba en vilo este domingo tras la orden de su máximo tribunal de detener el conteo de votos hasta que se resuelvan denuncias de la derecha sobre supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales del 25 de junio.
La medida de la Corte de Constitucionalidad, que contempla la posibilidad de anular los comicios, fue criticada por entidades locales e internacionales.
La máxima instancia del país, cuyos fallos son inapelables, aceptó el sábado por la noche un amparo promovido por nueve partidos de derecha por lo que ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender provisionalmente “la calificación y oficialización de resultados”.
Las agrupaciones aseguran que hay más de mil actas alteradas. Esa cantidad de actas representan el 0,82% de las 121.227 procesadas (de un total de 122.293) en el escrutinio, según cifras oficiales.
En las elecciones generales del pasado domingo, los socialdemócratas Sandra Torres (15,86%) y Bernardo Arévalo (11,77%) fueron los más votados entre los 22 aspirantes. El balotaje de las presidenciales está previsto para el 20 de agosto.
El fallo de la máxima corte precisa que se debe convocar “a una nueva audiencia de revisión de escrutinios, en las que los sujetos legitimados podrán hacer valer las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes”.
Además ordena que, de comprobarse que “se pudo haber alterado el resultado de la votación”, las juntas electorales deber corregir esos errores o “analizar si concurren los supuestos de anulación que prevé la ley”.
Como medida de seguridad, agentes de la policía y del ejército, apoyados por miembros de los cuerpos de antidisturbios custodian la sede donde se ubica el centro de operaciones del proceso electoral en la capital, observó la AFP.
Ante el fallo judicial, el departamento de Estado norteamericano, la misión de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por la “judicialización del proceso electoral” y pidieron respetar la voluntad del pueblo expresado en las urnas.
