El secretario general de la ONU, António Guterres, exhortó este lunes a “incrementar el apoyo” a la policía de Haití para hacer frente a la ola de “violencia sin precedentes” de los últimos meses.
Guterres llegó a Trinidad y Tobago para participar en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) procedente de Haití, “donde la situación de seguridad se deteriora rápidamente y las necesidades humanitarias se disparan”.
Cifras oficiales expusieron que entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la cantidad de homicidios en el país aumentó un 21% con respecto al último trimestre de 2022 -lo que equivale una suba de 673 a 815- mientras que el número de secuestros subió un 63% -de 391 a 637-.
La ONU ha expresado su alarma por la violencia impuesta por pandillas que aterrorizan al país más pobre de América.
La jefa de Unicef, Catherine Russell, dijo la semana pasada que la situación en Haití “nunca ha estado tan mal”, citando casos de niñas violadas y niños reclutados por las bandas criminales.
Guterres reiteró su llamado a un “despliegue de una fuerza de seguridad internacional autorizada por el Consejo de Seguridad” y que sea “capaz de cooperar con la Policía Nacional de Haití para desmantelar las bandas que han creado esta violencia sin precedentes”.
El jefe de la ONU tiene previsto también hablar en la ceremonia inaugural de la cumbre de la Caricom, en la que también está prevista la participación, el miércoles, del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien se reunirá con el primer ministro haitiano, Ariel Henry, quien desde hace casi un año ha pedido una intervención internacional.
Ningún país, sin embargo, se ha declarado hasta ahora dispuesto a liderar una fuerza de intervención. Brasil y Canadá son los más implicados en la discusiones, mientras que Estados Unidos prefiere respaldar un reforzamiento de la policía local.
Guterres había propuesto el establecimiento de una “fuerza de acción rápida” compuesta por militares de uno o varios países, aunque no actuaría bajo bandera del organismo.
Esto se debe a la imagen negativa que pesa sobre ella en el territorio luego de que los Cascos Azules desplegados allí entre 2004 y 2017 fueran responsabilizados por un brote de cólera que mató a unas 10.000 personas, además de protagonizar abusos contra la población local.