“La práctica de Harvard de favorecer a los hijos de donantes y antiguos alumnos adinerados, que no han hecho nada para merecerlo, debe terminar”, señalan los activistas.
Tres grupos de defensa de derechos civiles presentaron el lunes una demanda contra la Universidad de Harvard (EE.UU.), alegando que su trato preferencial en los procesos de admisión para los solicitantes con vínculos familiares beneficia “abrumadoramente” a los estudiantes blancos, días después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. anulara sus políticas de admisión basadas en la raza.
La demanda, presentada por el grupo Lawyers for Civil Rights (LCR) en nombre de Chica Project, African Community Economic Development of New England y Greater Boston Latino Network, argumenta que casi el 70 % de los solicitantes relacionados con donantes y exalumnos de Harvard son blancos, y reciben un impulso sustancial en función de su estatus.
Además, los activistas afirman que alrededor del 28 % de la promoción de 2019 estaba formada por estudiantes que tenían una conexión familiar con Harvard, un padre o pariente que había asistido previamente a la universidad.
Afirma LCR que los tratos preferentes no tienen nada que ver con los meritos de los solicitantes, el beneficio que se le da a las familias de los solicitantes es injusto y no merecido; lamentablemente continúan las costumbres de excluir y discriminar a los solicitantes de color.
Agregarón que Harvard continúa favoreciendo a los hijos de donantes y ex alumnos adinerados, sin hacer nada para merecerlo, estas prácticas perjudican los esfuerzos de diversificación por los que se ha luchado, afirmó Michael Kippins
Para Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de LCR lamentablemente se esta recompensando a aquellos hijos por los privilegios y ventajas de generaciones anteriores a ellos, realzando que el apellido familiar y sus cuentas bancarias sean la medad de los meritos por los cuales deban ser admitidos
La demanda llega menos de una semana después de que la Corte Suprema dictaminara que los colegios y universidades ya no pueden tener en cuenta la raza en la admisión.
El proceso jurídico empezó en 2014, cuando el grupo ‘Students for fair admissions’ (‘Estudiantes por admisiones justas’) demandó a la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte (UNC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de poner fin a las políticas de acción afirmativa o, también llamadas, de racismo inverso en el sector educativo con el argumento de que violan la Constitución estadounidense, que prohíbe cualquier discriminación racial.
Los activistas acusaron a Harvard de asignar a los estudiantes asiático-estadounidenses calificaciones más bajas que otros grupos étnicos y de limitar el número de solicitantes admitidos de esta raza.
