De acuerdo con un proyecto ideado por el Ejército, equiparse con drones y sistemas antidrones tendrá un costo de más de 207 millones de pesos.
Antes de finalizar el sexenio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espera contar con una flota de 100 drones y antidrones para ser utilizados en el combate contra el narcotráfico, así como para evitar atentados en eventos masivos contra de civiles, autoridades de los tres niveles, diplomáticos e instalaciones de seguridad nacional.
De acuerdo con el proyecto “Sistema de Supervisión y Control de Dispositivos Electrónicos Controlados a Distancia (Sistema Anti-Dron)” ideado por el Ejército en 2019, tendrá un costo de más de 207 millones de pesos.
Para la Sedena es necesario contar con los drones, ante posibles actos contra la población civil, autoridades civiles y militares, personal de diplomáticos y bienes estratégicos del país por parte de “personas desafectas” al actual gobierno.
También, por el aumento de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) arrojados a través de drones por organizaciones criminales en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Chiapas. Los estudios realizados por la Sedena aseguran que los aparatos pueden ser manipulados a una distancia de 5 kilómetros y pueden llevar hasta 2.7 kilogramos de explosivos.
La adquisición de los drones, se encuentran enlistados en los miles de correos del Ejército obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya. De acuerdo con la información, las primeras adquisiciones se efectuaron en los meses de junio y octubre de 2020, a través de la adquisición de 4 Equipos portátiles antidron (contrato DN10-SAIT-232/P/2020); 5 Radios portátiles (contrato DN10-SAIT-196/P/2020); y 1 Sistema de inhibición portátil (contrato DN10-SAIT-247/P/2020) por un costo de 5 millones 405 mil 663.61 pesos.
Entre los equipos que la Sedena busca adquirir se encuentra “1 (un) Sistema de detección e inhibición portátil”, el cual incluye “4 (Cuatro) equipos antidrones para atención de la 43/a. Zona Militar”, en Apatzingán, Michoacán.
El Sistema de Detención, también incluye: “adquisición de 50 Aeronaves pilotadas a distancia (RPA) drones, para aumentar la capacidad operativa de vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo en donde se llevan a cabo operaciones militares en el interior de la república, por un monto de $ 10,902,776.20 con I.V.A. incluido”.
Además, del Sistema de Detención, se espera contar con la aprobación para la compra de “36 Aeronaves pilotadas a distancia (RPA) drones, para aumentar la capacidad operativa de vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo en donde se llevan a cabo operaciones militares en las zonas de conflicto, por un monto de $ 7,849,998.86 con I.V.A. incluido”.
Hasta junio de 2021, los documentos clasificados como “secreto” o “confidencial” del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, aseguraban que el uso de Artefactos Explosivos Improvisados, solo eran catalogados de ‘alto impacto mediático’, ya que no se consideraban “como una táctica sostenida por parte de algún actor no estatal, ni se advierte sofisticación técnica”.
Los 288 ataques documentados en este sexenio (1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2022) representan un aumento del 223.6% en comparación al sexenio anterior. Según la Sedena, en los 288 incidentes, registrados en este sexenio, se utilizaron mil 342 artefactos explosivos, algunos lanzados a través de drones.
