Los movimientos y colectivos sociales, políticos, populares, sindicales, feministas y ecologistas latinoamericanos, caribeños y europeos que concurrieron a la Cumbre de los Pueblos celebrada en Bruselas los días 17 y 18 de julio, han acordado, entre otras cuestiones, condenar los intentos imperialistas de “dividir al mundo en bloques de Estados”, avanzar hacia la paz e impulsar la integración popular, más allá de las estructuras multilaterales.
“Esta Cumbre de los Pueblos entendió que el encuentro entre la Celac y la UE es una oportunidad para avanzar en la creación de un mundo multipolar, con relaciones multilaterales que permita progresar en paz a la humanidad, en armonía con la Madre Tierra”, se lee en el comunicado oficial.
Sin embargo, también se lamentan “los intentos de la UE de imponer formatos y métodos unilaterales, poco transparentes, contrarios al espíritu de respeto, diálogo y cooperación que debe imperar en las relaciones birregionales”.
En este sentido, en el texto se recalca que el fortalecimiento de las relaciones entre América Latina y el Caribe con la Unión Europea debe basarse en “el respeto mutuo” y debe poner “en el centro de las políticas públicas al ser humano”.
Los firmantes también condenan las “injerencias externas” y rechazaron “categóricamente cualquier acción política, o militar que pretenda interferir en el normal desenvolvimiento de las instituciones y normas constitucionales de cualquiera de los Estados participantes en la Cumbre”, al tiempo que se condenaron “las campañas mediáticas encaminadas a desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos por sus pueblos en América Latina y el Caribe”.
Para las organizaciones firmantes, resulta indispensable promover “la unidad y la integración regional solidaria” e impulsar con más fuerza tanto la Celac, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en el interés por defender la soberanía y atender algunos de los desafíos regionales más importantes, como la represión en Perú, la crisis humanitaria en Haití y las amenazas, bloqueos y sanciones contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
A este respecto, se indica explícitamente el repudio a “la utilización de mecanismos judiciales y de falsas noticias para expulsar de sus cargos a lideres progresistas de América Latina elegidos democráticamente por sus pueblos y rechaza la política ilegal de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos” contra las mencionadas naciones.