Se registraron incidentes en la plaza mayor de la región Huancavelica, en los Andes. 8.000 policías vigilan la capital ante la convocada “Tercera toma de Lima”.
La policía peruana desplegó este miércoles a miles de agentes en todo el país para controlar el orden público mientras en más de dos decenas de ciudades se iniciaron protestas que exigen la destitución de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Congreso, a escasos cuatro meses después de las manifestaciones que entre diciembre y febrero dejaron 67 muertos y 1.956 heridos.
La movilización principal en Lima, la capital, también añadió a sus demandas que los responsables de los fallecidos en las anteriores protestas sean castigados. En tanto, el gobierno anunció días atrás que hará uso de la fuerza, incluso con armas de fuego, en caso de que haya peligro para la vida de la policía.
Después del mediodía, en la plaza mayor de la región Huancavelica, en los Andes, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a 3.000 manifestantes luego de que la puerta de la oficina local del Ministerio del Interior fuera consumida por el fuego, de acuerdo a videos mostrados por diversas televisoras locales.
En los videos de Huancavelica también se observaba a manifestantes, entre ellos, albañiles, universitarios y vecinos, que coreaban “esta democracia ya no es democracia; Dina, asesina, el pueblo te repudia”, una réplica que se hizo popular en Perú durante las pasadas manifestaciones.
En la capital de Perú, edificios públicos como las sedes del Palacio de Gobierno y del Congreso fueron protegidos con rejas metálicas. Los manifestantes desfilaron por algunas calles de la ciudad con pancartas alusivas a sus demandas, sin incidentes con las fuerzas de seguridad.
En las carreteras Panamericana norte y sur de Lima, foco de anteriores bloqueos, policías con escudos de plástico vigilaban el traslado normal de vehículos.
El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo a inicios de semana que si las manifestaciones son violentas se responsabilizará a los líderes de las protestas y aseguró que están identificados.
Aunque el gobierno de Boluarte ha acusado a los manifestantes de violentos, cifras lanzadas por la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo que monitorea la conflictividad social en el Perú, han indicado que entre diciembre y febrero, de un total de 1.327 protestas realizadas apenas el 11,5% fueron violentas.
El gobierno afirmó que la minería informal, el narcotráfico y el contrabando financiaban las marchas. También, que los manifestantes usaban armas de fuego, pero al momento no se ha mostrado evidencias.
El Gobierno ha extendido el estado de emergencia en zonas claves del país, una medida que permite a la policía y el Ejército vigilar las regiones en conflicto.
El martes, la presidenta Boluarte declaró en un tono de advertencia que no serán permitidas manifestaciones violentas ya que suponen “una amenaza a la democracia”.
Boluarte es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las protestas de principios de año.
