La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia obliga a los municipios a realizar acciones y a destinar recursos para evitar que más mujeres sufran de agresiones y que esto lleva a que sean violadas o asesinadas.
De acuerdo con la directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), Bertha Miranda Rodríguez, son muy pocos los ayuntamientos que en verdad se involucran en este tema y por eso es necesario que el Congreso del estado exhorte a los municipios a participar con medidas preventivas en cada una de sus regiones.
Lamentó que vayan en incremento los delitos como violación y feminicidio, sin embargo, consideró que el odio contra las mujeres aún se manifiesta y es con la autoridad más cercana que son las presidencias municipales como se podría lograr menos casos.
Miranda Rodríguez dijo que el feminicidio no debe terminar con la tipificación de este, ya que se necesita incorporar todas las acciones necesarias para hacer el cambio para evitar que los hombres se crean dueños de la vida y del cuerpo de las mujeres.
“Las mujeres que les quitaron la vida por feminicidio fue por que decidieron ya no seguir con círculos violentos o ya no someterse a los caprichos de los hombres e incluso fueron mujeres que en un momento ya habían estado fuera de esos círculos de violencia previa”, recalcó la funcionaria.
También lamentó que los municipios dejen sólo en un discurso el tema de la violencia hacia las mujeres y no realicen acciones para que en verdad comience a erradicar este problema.
En el caso de la trata de personas, el cual también está considerado como un delito grave, Bertha Miranda comentó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría General de Justicia han realizado un trabajo intenso para desmantelar los lugares en donde se detecta que se comete este delito y se castiga a los involucrados, lo que ayuda a disminuir la infracción.