Por Luis Pinal Da Silva
No cabe duda que al inquilino de Palacio Nacional le molestan las leyes, o mejor dicho, acatar las leyes.
Por eso el conflicto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el poder judicial ha crecido y por ello ha puesto en acción a sus legisladores en el Congreso de la Unión.
De entrada, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la fracción de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dejó en claro que habrá un recorte en el presupuesto 2024, para el poder judicial, del orden de 15 a 25 mil millones de pesos.
Lejos de las excusas, de los pretextos, se advierte con claridad que el objetivo es debilitar a las instituciones de procuración de justicia.
Aunque se quiera negar, la acción es una respuesta castigadora, ante la acumulación de acciones de inconstitucionalidad que se van sumando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la reformas constitucionales aprobadas por Morena y aliados en obediencia a las órdenes de su jefe máximo, Andrés Manuel López Obrador para ejecutar los cambios que anunció desde su campaña y las resoluciones de la Corte son inapelables.
Son muchos los pendientes de gran importancia para el gobierno de López Obrador, que tendrán que resolver los ministros de la Corte.
Por ello, la intención de debilitar o desaparecer a los órganos autónomos y pasar por encima de la división de poderes.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia son fundamentales para defender el Estado de derecho y la democracia en México, por encima de las acciones de la 4T.
Para evitar que la ruta de cambios se resuelva en la Corte, deben tener mayoría calificada en el Congreso.
Actualmente al partido oficial y sus aliados no les alcanza, de ahí que enfoquen sus baterías a restarles recursos para que, en el ínter, ver si los ministros se doblegan ante quienes, sin escrúpulos, tratan de hacer de México su propiedad, por encima de las leyes y, sobre todo, del bienestar de los mexicanos.
