El régimen de Corea del Norte estuvo en el centro de la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se evaluó la situación de los derechos fundamentales en el territorio y que acabó con importantes denuncias, en un momento en el que Pyongyang realiza cada vez con mayor frecuencia pruebas de misiles.
El alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, sentenció tras el análisis de informes y testimonios de desertores que el régimen de Kim Jong-un abusa de sus ciudadanos con las más crueles tácticas para “sostener el aparato militar y su capacidad para producir armas” mientras éstos mueren de hambre o por falta de medicamentos y recursos básicos.
Ante el Consejo se detalló las muchas viollaciones cometidas por el crecimiento de la militarización en Corea del Norte, entre los atropellos se encuentran el trabajo forzado, confiscación de salarios de trabajadores en el extranjero y la inexistencia de libertad de expresión, pensamiento, religión o reunión; cualquiera de ellas son sancionadas con ejecuciones extrajudiciales, constituyendo una muestra de la brutalidad de las maniobras del dictador cuyo único interés parece ser su fortalecimiento militar con el que intimidar a la comunidad internacional.
A estas denuncias se sumó la advertencia del Alto Comisionado sobre el asfixiante control ciudadano que rige la vida cotidiana de las personas y les impide vivir tranquilos.
El hermetismo de Pyongyang llevó al país a quedar, desde hace años, asilado del mundo y mantener únicamente contacto con aquellas naciones aliadas -como Rusia y China-. Sin embargo, con la irrupción de la pandemia del coronavirus, en 2020, el régimen decidió extremar sus medidas y cerrar por completo la frontera con el fin de evitar una crisis sanitaria -o, tal vez, por su incapacidad para responder a ella-.
Desde entonces, poco ha cambiado en cuanto al contacto con el exterior y, al interior del país, la situación sólo empeoró.
Un informe del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur expuso que la escasez generalizada de alimentos se agudizó y su vecino del norte estaría enfrentando una faltante aproximada de 800.000 toneladas de arroz.
Esto se debe a las sequías en la zona, las medidas de sustitución de importaciones y la reducción en la producción de alimentos que el régimen se niega a suspender. En 2022 imagenes mostraron que el 42% de la población sufria algún grado de desnutrición.
La imposición de más restricciones parecen cada vez más difíciles dada la presencia de las delegaciones chinas y rusas en el órgano, que vetan nuevas resoluciones y condenan declaraciones en contra de su aliado.