Tras su histórica elección el año pasado, el rebelde convertido en presidente de Colombia, prometió cimentar la “paz total” y poner fin a uno de los conflictos más antiguos del mundo.
Pero a medida que su gobierno avanza para cumplir esa audaz promesa, Buenaventura ha crecido hasta convertirse en un ejemplo del enredo que el exlíder rebelde debe desentrañar.
Petro pretende reconfigurar la forma en que la nación sudamericana aborda la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares con programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluida la pobreza en áreas devastadas por la violencia como Buenaventura.
También está negociando con los grupos armados mutantes más poderosos de Colombia –desde guerrillas de izquierda hasta mafias traficantes más pequeñas– en un esfuerzo por lograr que se desmovilicen simultáneamente.
Más de un año desde que Petro asumió el cargo, su plan de “paz total” ha avanzado poco a poco. Más de 31.000 combatientes armados componen las milicias que se han presentado para iniciar conversaciones de paz, según estimaciones del gobierno.
Los críticos dicen que los grupos criminales sólo se aprovechan de los altos el fuego con el gobierno. Describen economías criminales fuertes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incapaces de perseguir a los perpetradores. Y muchas personas, desde las víctimas hasta los grupos armados que buscan un acuerdo, ven el plan de Petro con la desconfianza generada por décadas de violencia y promesas incumplidas.
En toda Colombia, décadas de guerra entre guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, grupos traficantes y el gobierno han dejado a más de 9,5 millones de personas –casi el 20% de la población– víctimas de desplazamiento forzado, homicidio, violencia sexual y más.
El homicidio, el secuestro, la tortura y el abuso sexual son algo común. También lo son las fosas comunes y los “casas de desguace”, donde las pandillas desmembran a los enemigos y hacen que sus gritos resuenen en los vecindarios.
Los residentes se apresuran a decir que el derramamiento de sangre ha afectado a todas las almas de la ciudad de 450.000 habitantes, sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes que carecen de oportunidades y son reclutados por la fuerza en pandillas son víctimas y victimarios a partes iguales.
Como parte del plan de “paz total”, se implementarán programas orientados al reclutamiento en las ciudades con los mayores índices de violencia y pobreza, incluida Buenaventura, dijo a AP la asesora gubernamental Carolina Hoyos. Los describió como fundamentales para el panorama general.
Jóvenes en Paz entregará un estipendio mensual de un millón de pesos, unos 250 dólares, a 100.000 colombianos de 14 a 28 años “vinculados o en riesgo de estarlo” con grupos criminales, dijo Hoyos. Se les exigirá que busquen educación y realicen algún tipo de trabajo social.
En mayo, Petro dijo: “Habrá miles de jóvenes a los que pagaremos para que no maten, para que no participen en la violencia, para que estudien”.
El gobierno colombiano ha trabajado durante mucho tiempo para lograr que los grupos criminales depongan las armas, y en 2016 fue elogiado por firmar un pacto de paz con la fuerza guerrillera más poderosa del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Gran parte de los acuerdos se centraron en programas sociales similares y oportunidades de reintegración para los rebeldes.
