Los inmigrantes en espera de deportación son mantenidos en condiciones “similares a las de una prisión” en un centro de detención
Una investigación británica informó el martes que los inmigrantes que esperaban ser deportados sufrieron abusos físicos y verbales en un centro de detención administrado por el gobierno y recomendó que nadie sea mantenido en condiciones similares a las de una prisión durante más de 28 días.
La presidenta de la investigación, Kate Eves, dijo que los inmigrantes sufrieron un “trato impactante” en el Centro de Deportación de Inmigrantes Brook House, cerca del aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres.
Eves dijo que la instalación tenía una cultura de personal “tóxica” y que los migrantes enfrentaban lenguaje racista y despectivo, comentarios deshumanizantes y el uso inapropiado de la fuerza.
Al señalar que el gobierno había ignorado los llamados anteriores a la reforma, instó a los funcionarios a prestar atención a sus recomendaciones, especialmente el “increíblemente importante” límite de detención de 28 días.
La investigación se inició en 2019, dos años después de que un documental de la BBC transmitiera imágenes encubiertas de presuntos abusos hacia los detenidos en Brook House.
La ministra del Interior, Suella Braverman, ministra del gobierno a cargo de inmigración, reconoció que había habido “fallas tanto en la supervisión como en la gobernanza para proteger el bienestar de las personas detenidas”.
El gobierno conservador británico ha adoptado un enfoque cada vez más punitivo hacia las personas que llegan al Reino Unido por medios no autorizados, como pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha.
Ha aprobado una ley que exige que los inmigrantes que viajan en pequeñas embarcaciones sean detenidos y luego deportados permanentemente a su país de origen o a terceros países. El único tercer país que ha aceptado acogerlos es Ruanda, y ese plan está siendo impugnado en los tribunales del Reino Unido.
Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para Refugiados, dijo que la investigación había “demostrado claramente que el Ministerio del Interior no es capaz de proporcionar niveles básicos de atención y humanidad a las personas vulnerables detenidas”.
