Impartidores de justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) emitieron 10,707 medidas de protección a favor de mujeres víctimas de violencia entre el 1 de enero y el 20 septiembre de este año, informó a nombre del presidente del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra Álvarez, la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, Emma Campos Burgos, en el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres.
Al dar cuenta sobre las acciones del PJCDMX en la materia, precisó que 9,545 de esas medidas son relativas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México (LAMVLV), y 1,162 al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Campos Burgos subrayó que el objetivo de estas medidas es garantizar la vida, integridad y bienes de las mujeres, y que cuenten con mecanismos legales que contribuyan a lograr una vida libre de violencia a su favor.
Detalló que de las emitidas en el marco de la LAMVLV, la más recurrentes fueron la prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio, a la mujer en situación de violencia, y en su caso a sus hijos u otras víctimas indirectas o testigos de los hechos, con 2,615; enseguida, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido, con 2,048, y la prohibición de asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta, así como acercarse a su lugar de trabajo, con 1,751.
Por lo que hace a las emitidas a partir del CNPP, de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido fueron 536; de limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o a otro lugar donde se encuentre, 527, y de separación inmediata del domicilio, 99.
La consejera expresó que es convicción del PJCDMX asumir que su labor va más allá de la administración e impartición de justicia, por lo cual se suma a los esfuerzos tendentes a garantizar de manera plena e integral el ejercicio de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres que así lo requieran; y así, abundó, puedan acceder a condiciones de igualdad y no discriminación, y ser beneficiarias de medidas eficaces de protección y seguridad.
Consideró que la alerta de violencia de género, como mecanismo de protección de los derechos humanos, implica la generación de acciones que permitan en el día a día, “en nuestros hogares, trabajo y relaciones sociales”, un verdadero cambio en el pensamiento y actuar de las personas.