El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes una resolución que autoriza el despliegue de una fuerza internacional en Haití durante un año para ayudar a frenar la creciente violencia de las pandillas y restaurar la seguridad, a fin de que la nación caribeña pueda realizar unas elecciones presidenciales largamente postergadas.
La resolución, aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones (China y Rusia), impone también un embargo de armas ligeras, que hasta ahora sólo se aplicaba a los líderes de las bandas sancionados.
Fuentes del Consejo dijeron que no cabe esperar un despliegue inmediato, sino que este proceso llevará “varios meses” antes de que los agentes comiencen a patrullar en las calles de Haití.
La resolución redactada por Estados Unidos acepta la oferta de Kenia de encabezar la fuerza de seguridad multinacional. Deja también en claro que se trata de una fuerza ajena a Naciones Unidas y financiada por medio de contribuciones voluntarias.
La resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses.
A la fuerza se le permitirá brindar apoyo operativo a la Policía Nacional de Haití, que carece de fondos y recursos suficientes, con sólo unos 10.000 agentes activos para un país de más de 11 millones de habitantes.
La fuerza ayudará a desarrollar la capacidad de la policía local a través de la planificación y de operaciones conjuntas de apoyo mientras trabaja para contrarrestar a las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad en Haití; ayudará a proteger sitios de infraestructura crucial, puntos de tránsito como el aeropuerto, puertos marítimos e intersecciones clave.
Tras el hecho de que pandillas tomaron el control de carreteras importantes que van desde la capital de Haití a las regiones norte y sur del país, interrumpiendo el transporte de alimentos y otros bienes.
La aprobación del Consejo de Seguridad autoriza a la fuerza a adoptar medidas temporales urgentes con carácter excepcional para evitar la pérdida de vidas y ayudar a la policía a mantener la seguridad pública, además de condenar la creciente violencia, actividades criminales y abusos y violaciones de los derechos humanos, la estabilidad y la seguridad de Haití, incluyendo los secuestros, la violencia sexual y de género, la trata de personas y el tráfico de migrantes, homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, así como tráfico de armas.
Del 1 de enero al 15 de agosto, más de 2.400 personas en Haití fueron asesinadas, 950 secuestradas y 902 heridas. Más de 200.000 personas fueron desplazadas por la violencia, muchas de ellas hacinadas en refugios improvisados luego que las pandillas saquearan sus comunidades.