Se despachó al Ejecutivo el proyecto de ley que sanciona con hasta 540 días de prisión a quien porte algún elemento inflamable con fines de atentar contra personas.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este martes el proyecto que sanciona con cárcel el porte injustificado de combustibles durante las reuniones en lugares públicos, tales como marchas o manifestaciones.
Las bancadas opositoras se impusieron a las advertencias del Gobierno, que consideró excesiva la pena. La iniciativa recibió 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones, y fue despachada al Ejecutivo para su sanción.
La normativa tipifica como un delito, con penas de hasta 540 días de presidio efectivo, el transporte sin justificación en la vía pública de algún combustible “que tenga como finalidad atentar contra las personas o contra las cosas”.
De acuerdo al diario UChile, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional), destacó que la nueva ley “quedó con una pena de presidio, no de multa como quería el gobierno o el oficialismo, porque todos sabemos que las multas no disuaden, al igual que las usurpaciones, tienen que tener penas efectivas, penas de cárcel”.
Desde el oficialismo, la ministra del interior, Carolina Tohá, opinó que la pena de prisión, que fue añadida en el Senado por la oposición, excede el espíritu de la iniciativa que había sido presentada por el Gobierno.
Originalmente, la administración del presidente Gabriel Boric buscaba modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal a fin de multar a los infractores y facultar a las policías para detenerles.
En ese sentido, la funcionaria había llamado a rechazar el texto del Senado para ir a una comisión mixta y acordar un mejor articulado que definiese otra sanción al porte de combustible en reuniones en lugares públicos.
