Organizaciones y campesinos mantienen bloqueos en vías de todo el país en reclamo por la renuncia de Consuelo Porras y los funcionarios detrás del supuesto golpe de Estado que Arévalo denunció.
El Congreso de Guatemala decidió este miércoles suspender su actividad plenaria en señal de apoyo a la Fiscalía, frente a las protestas que se desarrollan en todo el país por tercer día consecutivo.
Marvin Alvarado, diputado por el partido Bien y segundo secretario de la Junta Directiva, precisó que los plenos estarán pausados durante una semana, según recogió el diario Prensa Libre, que se suma a las palabras del tercer vicepresidente del organismo, Hérber Melgar Padilla, que comentó que estos bloqueos perjudican la labor del parlamento, y no sólo el trabajo legislativo sino de toda la nación.
El parlamentario respaldó, además, las acciones que el Ministerio Público ordenó los últimos meses ya que, según sostuvo, debe dársele tiempo para investigar y subrayó que los resultados de los recientes allanamientos no deberían alterar los resultados oficiales de las elecciones de junio y agosto.
A la par, otro bloque de diputados manifestó su apoyo a los registros en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) alegando que no afectarían el proceso electoral y que, por el contrario, podría ser una oportunidad para resolver algunas dudas surgidas en torno a esta instancia.
El grupo sumó que las medidas de la Fiscalía están “dentro de la ley”, incluso a pesar de las denuncias de la oposición que señalan que algunas competencias no les corresponden y que hasta describieron como un intento de golpe de Estado.
En este clima, desde el lunes, ya por tercer día consecutivo, tienen lugar en todo el país protestas impulsadas por el presidente electo Bernardo Arévalo de León y su vicepresidenta, Karin Herrera.
Los políticos del Movimiento Semilla llamaron a la sociedad a salir a las calles y protestar pacíficamente en contra de las acciones de la Fiscalía, que socavan el proceso electoral y el Estado de Derecho, y exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y toda la cúpula del Ministerio Público.
El oficialismo rechazó estos bloqueos y señaló que el derecho constitucional de manifestación pacífica no debe atentar contra la integridad, el derecho a la vida o la libre locomoción de los guatemaltecos.
A pesar de estas declaraciones, los campesinos se mantienen firmes en sus exigencias de renuncia y llamaron a más organizaciones estudiantiles e indígenas a sumarse.
El descontento popular comenzó en junio, tras la primera vuelta electoral en la que el líder el Movimiento Semilla ganó su lugar para el balotaje contra la ex primera dama Sandra Torres y frente a lo que Porras tomó una serie de medidas para sabotear su desempeño.
Tras su victoria en la segunda vuelta, la Fiscalía intensificó su persecución con el objetivo, ahora, de revertir los resultados y evitar la toma de poder del Presidente electo.
Múltiples países y organismos internacionales, entre ellos la OEA, manifestaron su repudio a los intentos antidemocráticos del Ministerio Público y pidieron que se garantice el traspaso de mando en un marco democrático.
