El gobierno afirma que la práctica de separar familias en la frontera sur era vergonzosa.
La Administración de Joe Biden llegó este lunes a un acuerdo con la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU, en inglés) para limitar las separaciones de familias en la frontera con México, que todavía debe aprobar un juez pero que en caso de ratificarlo establece nuevos estándares contra esa práctica.
El pacto limita las circunstancias en las que los padres o guardianes legales pueden ser separados de los menores y en caso de que esa separación tenga lugar por razones de seguridad o médicas, entre otras, establece el procedimiento para seguir el paradero de los miembros de esa familia y garantizar que esa información se comparte.
La demanda contra el Gobierno federal la encabezó la ACLU en 2018, todavía bajo el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021).
Mediante un comunicado Merrick Garland, el fiscal general estadounidense mencionó que la práctica de separar familias en la frontera sur era vergonzosa, este acuerdo facilitará la reunificación de familias separadas y les suministrará servicios críticos para ayudarlas en su recuperación.
El acuerdo propuesto solo permite la separación en circunstancias específicas limitadas, incluidos casos de seguridad nacional, de seguridad del menor, emergencias médicas y ciertas órdenes penales.
Incluye procesos mediante los cuales el Ejecutivo debe proporcionar información a los familiares separados y fija los canales mediante los cuales los padres o tutores pueden comunicarse con el pequeño, además de precisar las circunstancias bajo las cuales el Gobierno debe reunificar a la familia cuando la situación lo permitan.
El pacto los presentaron en un tribunal federal de San Diego (California) y entre otros beneficios autoriza que los padres de niños separados vayan a Estados Unidos con un permiso especial durante tres años y puedan trabajar en ese tiempo.
Dicho acuerdo también contempla acceso a servicios legales, ayuda temporal a la vivienda y asistencia médica.
Pueden optar por esas ayudas a quienes separaron entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, pero prevé excluir a quienes después del 26 de junio de 2018, día en que se aceptó la querella, los separaron por el historial penal de los adultos u otras de las excepciones previstas.
A unos 5.500 menores de edad los separaron de sus familias en la frontera en el marco de la política antimigratoria de Trump. El Gobierno de Biden, a su llegada al poder en enero de 2021, creó un grupo de trabajo para abordar al asunto.
