El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó los aspectos centrales de un proyecto de ley aprobado por el Congreso que amenazaba con deshacer las protecciones de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
El proyecto de ley proponía consagrar una teoría jurídica que sostiene que la fecha en que se promulgó la Constitución de Brasil (5 de octubre de 1988) debería ser la fecha límite para cuando los pueblos indígenas ya tuvieran que estar ocupando físicamente tierras o luchando legalmente para volver a ocupar territorios.
Esa teoría jurídica fue rechazada por la Corte Suprema de Brasil en septiembre. Una semana después, el Senado, dominado por legisladores conservadores respaldados por el poderoso agronegocio de Brasil, aprobó el proyecto de ley con 43 votos a favor y 21 en contra.
El viernes vencía el plazo para que Lula actuara si quería bloquear total o parcialmente la legislación.
“Hoy veté varios artículos (de la legislación)… de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema sobre el tema. Hablemos y sigamos trabajando para que sigamos teniendo, como hoy, seguridad jurídica y también respeto a los derechos de los pueblos originarios”, dijo Lula en las redes sociales.
Los partidarios de la legislación dijeron que era necesaria para brindar seguridad jurídica a los propietarios de tierras, y dijeron que hay malestar en las zonas rurales debido a la percepción de una falta de límites a la expansión de los territorios indígenas.
Los grupos de derechos indígenas argumentan que el concepto de plazo es injusto porque no tiene en cuenta las expulsiones y los desplazamientos forzados de poblaciones indígenas, particularmente durante la dictadura militar de dos décadas en Brasil.
Lula vetó todas las referencias a la teoría del plazo y otras disposiciones consideradas perjudiciales para los derechos indígenas, como permitir la minería y el cultivo de organismos genéticamente modificados.
El presidente no llegó a vetar todo el proyecto de ley, como solicitaron algunos grupos de derechos indígenas. Los artículos mantenidos son consistentes con la tradición de la política indígena brasileña desde la Constitución de 1988, afirmó en un comunicado el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha.
Desde que asumió el cargo en enero, Lula, de tendencia izquierdista, ha prestado mucha más atención a las demandas de los pueblos indígenas que su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro, incluida la demarcación de ocho nuevos territorios indígenas.
Pero sin una mayoría en el Congreso, ha enfrentado una intensa presión de legisladores conservadores que han estancado su agenda ambiental.