Expertos instan al gobierno a abandonar el plan, pues esta poniendo en mal la reputación de Gran Bretaña.
El ministro del Interior de Gran Bretaña dijo que el gobierno del Reino Unido puede reactivar su plan bloqueado para enviar solicitantes de asilo a Ruanda sin violar el derecho internacional, y que los primeros vuelos despegarán el próximo año.
El ministro del Interior, James Cleverly, dijo que el gobierno está absolutamente decidido a iniciar vuelos de deportación a Ruanda antes de las elecciones nacionales que deben convocarse para finales de 2024.
Muchos expertos legales dijeron que eso es una ilusión, y los críticos instaron al gobierno a abandonar un plan que, según dicen, está costando millones y dañando la reputación internacional de Gran Bretaña.
La Corte Suprema del Reino Unido anuló el plan del gobierno, diciendo que Ruanda no es un país seguro al que se puedan enviar inmigrantes. El tribunal superior de Gran Bretaña dijo que los solicitantes de asilo enfrentaban un riesgo real de malos tratos y Ruanda podría devolverlos a los países de origen de los que habían huido.
A pesar del veredicto unánime de los jueces, el gobierno británico redobló su apuesta por esta política, que, según afirma, disuadirá a personas de todo el mundo de realizar viajes potencialmente mortales a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.
El primer ministro Rishi Sunak dijo que firmaría un tratado con el gobierno de Ruanda para cerrar las lagunas en el plan, incluido un bloqueo a que Ruanda envíe inmigrantes a casa. El gobierno dice que una vez que se haya eliminado ese riesgo, aprobará una ley en el Parlamento declarando que Ruanda es un país seguro.
Sunak también dijo que estaba dispuesto a revisar las relaciones internacionales para eliminar obstáculos si la política de deportación continúa bloqueada. Algunos miembros del gobernante Partido Conservador quieren que el primer ministro saque al país del Convenio Europeo de Derechos Humanos si el plan para Ruanda se ve obstaculizado.
Cleverly dijo que creía que el plan podría entrar en vigor sin que Gran Bretaña abandone la convención europea.
Dijo que el gobierno confiaba en que el tratado jurídicamente vinculante, que es vinculante para ambos países, será sólido y abordará las cuestiones planteadas por la Corte Suprema.
Durante años, grupos de derechos humanos han acusado al gobierno de Ruanda de tomar medidas enérgicas contra la disidencia percibida y de mantener un control estricto sobre muchos aspectos de la vida, desde encarcelar a los críticos hasta mantener a las personas sin hogar fuera de las calles de Kigali. El gobierno lo niega.
