Tras su reinstalación, la Asamblea pudo continuar con el juicio político contra el expresidente.
La Asamblea Nacional de Ecuador declaró responsable del delito de peculado (malversación) al expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) en la votación final del juicio político que el entonces mandatario interrumpió hace seis meses al disolver la cámara y forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinarias.
Tras reinstalarse después de los comicios, la Asamblea siguió adelante con el juicio político pese a que ya no había opción de destituir a Lasso, que dejó el cargo hace una semana a su sucesor, Daniel Noboa, el joven empresario de 35 años que ganó las elecciones presidenciales derivadas de la muerte cruzada con la que él evitó su posible destitución.
El Legislativo ecuatoriano consideró fundada la acusación de peculado contra el conservador Lasso con 116 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, decisión que quedó refrendada en una segunda votación de reconsideración.
Con esta votación culmina un largo juicio político con el que la oposición pretendía sacar del poder a Lasso en este proceso que emprendió la oposición, liderada por el correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC).
Estas dos fuerzas impulsaron el juicio político contra Lasso después de que saliera a la luz una presunta trama de corrupción en empresas públicas encabezada aparentemente por su cuñado, el empresario Danilo Carrera, y con uno de sus integrantes con presuntos nexos con una mafia del narcotráfico.
Sin embargo, la Corte Constitucional sacó este caso de la acusación en el que se imputaba un presunto delito de concusión y solo dejó el de peculado, referente a unos contratos firmados por la flota petrolera estatal que presuntamente causaron un perjuicio al Estado en favor de terceros, según la resolución aprobada por la Asamblea.
Asimismo, ordenó notificar de la decisión de forma inmediata al expresidente y también a la Fiscalía y a la Contraloría para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos materia de esta acusación política hacen presumir el cometimiento de una infracción penal.
