Como una forma de procurar la “justicia social”, el jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció la recuperación de cinco departamentos confiscados al llamado cartel inmobiliario de Benito Juárez, los cuales serán destinados a familias que perdieron su patrimonio en los temblores de 2017.
Desde el edificio ubicado en Petén 329, de la colonia Narvarte, el mandatario capitalino indicó que el inmueble forma parte de las construcciones que han entregado los exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, que ya reconocieron su culpabilidad en los hechos de corrupción del cártel inmobiliario, los cuales, en su conjunto, suman un total de 80 millones de pesos de bienes devueltos.
Ante dichos resultados, agradeció la labor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que se ha encargado de concentrar los esfuerzos para recuperar el patrimonio y destinarlo a la reparación del daño y la justicia.
“Parte de estos inmuebles que la Fiscalía obtiene y entrega al gobierno de la Ciudad de México serán entregados a su vez a cinco familias damnificadas de los temblores del 2017, así se cumple con el principio de devolver al pueblo lo robado, es un acto de justicia en más de un sentido; de justicia porque se recuperan bienes del saqueo del erario, pero también de justicia porque estos bienes se entregan a familias que los necesitan”, insistió.
Respecto al modus operandi del organismo en cuestión, el jefe de Gobierno recordó que en más de una administración en la alcaldía Benito Juárez se entregaron permisos para construir a cambio de departamentos.
Por otro lado, se propició la creación de empresas constructoras que contaban con la participación de familiares para hacerse de más recursos.
“Dichos funcionarios amasaron una gran fortuna y esto es una parte de lo que se ha encontrado, que se ha investigado y de lo que se ha recuperado por las autoridades correspondientes”, mencionó.
Es así que reiteró su apoyo a la fiscal general de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, quien ha encabezado los esfuerzos para detectar y sancionar los actos de corrupción del cartel inmobiliario.
En su mensaje, advirtió que las investigaciones han molestado a diversos funcionarios, por lo que en el Congreso capitalino ha optado por no apoyar la ratificación de Godoy Ramos, lo que, dijo, únicamente entorpece las investigaciones en curso y afecta el funcionamiento de la Fiscalía.
“No empezó la Fiscalía buscando afectar a una fuerza política, sino que fue un hecho que fue la explosión de un inmueble. (…) Buscar que no se ratifique a la fiscal, eso, en los hechos, es tratar de afectar a la ciudadanía”, expuso.
En tanto, la fiscal general, Ernestina Godoy, reiteró que dichas investigaciones han afectado directamente a su proceso de ratificación, mismo que, indicó, se definirá la próxima semana. No obstante, afirmó que su prioridad es brindar justicia a la ciudadanía, por lo que no se dejará amedrentar por ningún grupo.
“Un accidente, una explosión de una lavadora puso al descubierto esta red articulada de anomalías, de porque un partido político ha buscado descalificar la gestión de la fiscalía y evitar a toda costa que el equipo que estamos trabajando continúe”, dijo.
Asimismo, explicó que la ley permite la posibilidad de que haya un acuerdo de reparación del daño, por lo que ya suman seis edificios devueltos y 60 más asegurados, los cuales aún están en proceso de investigación para saber si se entregan o no a la ciudad.
A la par, se ha llevado a proceso a un exalcalde, a tres exdirectores generales, dos exdirectores, un subdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora que colaboraba con la alcaldía, mientras que aún queda pendiente la investigación de cinco exservidores públicos.
Por ello, reiteró su compromiso con la ciudadanía y afirmó que no dejará de trabajar por el bienestar social mientras se encuentre en el cargo.
“Como siempre lo hemos dicho, es obligación de nosotros la investigación y no nos vamos a hacer a un lado mientras estemos en la Fiscalía”, sostuvo.