Sunak prometió seguir adelante con un plan que ha agitado al gobernante Partido Conservador y amenazado su liderazgo.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que haría lo que sea necesario para reactivar un acuerdo bloqueado para enviar solicitantes de asilo a Ruanda, incluso si eso significa ignorar las leyes de derechos humanos del Reino Unido.
Durante una conferencia de prensa programada apresuradamente, Sunak prometió seguir adelante con un plan que ha agitado al gobernante Partido Conservador y amenazado su liderazgo.
Un nuevo proyecto de ley diseñado para anular un fallo de la Corte Suprema del Reino Unido pondrá fin al tiovivo de desafíos legales que han impedido que el gobierno actúe en cumplimiento de su acuerdo con Ruanda para poner a los inmigrantes que llegan a Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha en un viaje de ida al país del este de África.
“Haremos que los vuelos despeguen”, dijo Sunak.
El plan británico para Ruanda es una de las respuestas más novedosas, aunque los críticos dicen que es poco ético e inviable enviar inmigrantes -muchos de ellos huyendo de países marcados por conflictos como Afganistán, Siria e Irak- a una nación a 6.400 kilómetros (4.000 millas) de distancia con No hay posibilidad de establecerse alguna vez en el Reino Unido.
Pero la principal amenaza política de Sunak proviene de miembros de su partido que piensan que su plan no es lo suficientemente duro. La autoridad del primer ministro fue cuestionada cuando el ministro de Inmigración, Robert Jenrick, renunció el miércoles por la noche, diciendo que el proyecto de ley del gobierno no va lo suficientemente lejos y no funcionará.
El plan para Ruanda es fundamental para el objetivo autoimpuesto del gobierno del Reino Unido de mantener a los solicitantes de asilo no autorizados que intentan llegar a Inglaterra desde Francia en pequeñas embarcaciones.
El gobierno del Reino Unido sostiene que las deportaciones disuadirán a otros de realizar la peligrosa travesía marítima y romperán el modelo de negocios de las bandas de tráfico de personas.
Nadie ha sido enviado todavía a Ruanda en virtud del plan, que ha enfrentado múltiples desafíos legales. El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que el plan era ilegal porque Ruanda no es un país seguro para los refugiados, quienes, según los jueces, enfrentan “un riesgo real de malos tratos”.
El gobierno del Reino Unido se ha negado a abandonar el plan. Esta semana Gran Bretaña y Ruanda firmaron un tratado comprometiéndose a fortalecer la protección de los inmigrantes. El gobierno de Sunak dice que el tratado le permite aprobar una ley que declara a Ruanda un destino seguro.
