Fueron líderes del sector privado, además de familias a quienes se les acusa de socavar la democracia.
Guatemala enfrenta crecientes críticas por parte de líderes mundiales y organismos de control que la acusan de intentar impedir que el presidente electo progresista Bernardo Arévalo asuma el cargo en enero.
La victoria de Arévalo y su partido Movimiento Semilla es vista como una amenaza para quienes han ejercido durante mucho tiempo el poder en Guatemala. El cruzado anticorrupción ha sido un objetivo durante meses, con arrestos de miembros del partido, redadas y repetidas solicitudes para levantar su inmunidad para que los fiscales puedan investigarlo directamente.
En un comunicado, el Departamento de Estado condenó las acciones antidemocráticas en curso por parte de fiscales y otros actores y señaló la intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder.
El Departamento de Estado no proporcionó los nombres de las personas sujetas a restricciones de visa.
En su declaración, dijo que esos individuos eran responsables o cómplices de ataques políticos a la oposición, intimidación de manifestantes pacíficos, redadas, apertura de urnas y levantamiento de la inmunidad de los magistrados electorales que certificaron las elecciones.
La semana pasada, los fiscales alegaron que las actas confiscadas durante una redada en oficinas electorales mostraban que los resultados de la segunda vuelta presidencial que ganó Arévalo en agosto tenían irregularidades y, por lo tanto, eran nulos.
Las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos probablemente fueron motivadas por una serie de votaciones controvertidas en el Congreso en noviembre. Uno de ellos tuvo como objetivo a cuatro magistrados electorales, que posteriormente abandonaron el país. Otro aprobó un presupuesto que, según los críticos, obstaculizaría simultáneamente a Arévalo para cumplir sus promesas de campaña y al mismo tiempo aumentaría el financiamiento para oficinas que han apoyado presuntos ataques democráticos.
El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo el viernes que el bloque también estaba contemplando sanciones a quienes intentaran revertir la votación.
“Estas últimas acciones y declaraciones del Ministerio Público de Guatemala representan un intento de golpe de Estado, encabezado por fiscales con motivaciones políticas”, dijo Borrell en un comunicado. “Muestran desprecio por la voluntad clara de los ciudadanos de Guatemala”.
