El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se enfrentó a la rebelión de altos legisladores de su Partido Conservador por su estancado plan de enviar solicitantes de asilo en un viaje de ida a Ruanda, una política controvertida y costosa que el líder británico ha convertido en fundamental para su intento de ganar unas elecciones este año.
Para lograrlo, necesita unir a su fraccionado partido, que va muy por detrás de la oposición laborista en las encuestas de opinión. Pero las alas liberal y autoritaria de los conservadores, siempre aliados incómodos, están en desacuerdo sobre el plan para Ruanda. A los moderados les preocupa que la política sea demasiado extrema, mientras que muchos en el poderoso ala derecha del partido piensan que no sería suficiente para disuadir la migración al Reino Unido.
En un golpe a Sunak, dos vicepresidentes del Partido Conservador se unieron a los llamados para endurecer el proyecto de ley emblemático del gobierno sobre Seguridad de Ruanda en la Cámara de los Comunes. Lee Anderson y Brendan Clarke-Smith anunciaron el martes que respaldarían enmiendas que buscan cerrar las vías de apelación de los solicitantes de asilo contra su deportación a Ruanda.
El exministro de Inmigración Robert Jenrick, otro rebelde de la derecha conservadora, dijo que únicamente la acción más enérgica crearía un disuasivo sostenible para los posibles inmigrantes.
Se encuentra entre los más de 60 legisladores conservadores que quieren endurecer la legislación cerrando lagunas jurídicas y marginando a los jueces. Es poco probable que sus enmiendas se aprueben, pero el miércoles se producirá una prueba para Sunak, cuando los legisladores votarán sobre el proyecto de ley en su conjunto.
Algunos de los rebeldes conservadores dicen que votarán en contra del proyecto de ley si no se fortalece. Junto con los votos de los partidos de oposición, eso podría ser suficiente para anular la legislación, un duro golpe a la autoridad de Sunak y potencialmente fatal para el plan de Ruanda.
Sunak insiste en que el proyecto de ley llega tan lejos como el gobierno puede porque Ruanda se retirará de su acuerdo para realojar a los solicitantes de asilo si el Reino Unido viola el derecho internacional. En un intento por ganarse a los rebeldes. El gobierno ha propuesto aumentar el número de jueces que entienden en apelaciones de asilo para acelerar el proceso.
Mientras tanto, a los conservadores moderados les preocupa que el proyecto de ley ya coquetee con la ilegalidad y dicen que se opondrán si se vuelve más estricto. Esas preocupaciones fueron subrayadas por la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, que dijo el lunes que el plan de Ruanda “no es compatible con el derecho internacional de los refugiados”.
La política de Ruanda es clave para la promesa de Sunak de detener los barcos que traen inmigrantes no autorizados al Reino Unido a través del Canal de la Mancha desde Francia. Más de 29.000 personas hicieron el peligroso viaje en 2023, frente a las 42.000 del año anterior. Cinco personas murieron el fin de semana mientras intentaban zarpar un barco desde el norte de Francia en la oscuridad y el frío invernal.
El plan ha sido criticado por considerarlo inhumano e inviable por grupos de derechos humanos y cuestionado en los tribunales británicos. En noviembre, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que la política es ilegal porque Ruanda no es un país seguro para los refugiados.
Si el proyecto de ley es aprobado por la Cámara de los Comunes el miércoles, pasará a la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento, donde enfrenta más oposición.