Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo por toda Francia contra la discutida ley de migración, a cuatro días de que el Consejo Constitucional anuncie su decisión sobre la validez de la norma.
Un total de 164 marchas estaban convocadas en todo el país para protestar contra lo que los convocantes consideran un giro peligroso en la historia de nuestra República, según el manifiesto de convocatoria firmado por 201 figuras de distintos ámbitos de la vida pública.
El Ministerio del Interior contabilizó 75 mil manifestantes en todo el país, mientras que para el sindicato CGT, el segundo más importante del país, fueron 150 mil.
En París, los asistentes -16 mil según la prefectura de Policía- marcharon entre dos lugares simbólicos, la plaza del Trocadero y el conjunto monumental de Los Inválidos.
Entre los participantes había figuras de las artes y de la política, como los máximos responsables del Partido Socialista, Olivier Faure, y del Comunista, Fabien Roussel, entre otros.
Los participantes buscaban presionar al Ejecutivo, que podría promulgar rápidamente el texto aprobado a mediados de diciembre por el Parlamento, salvo que sea censurado por el Consejo Constitucional en una decisión anunciada para el 25 de enero.
El Consejo Constitucional tiene previsto emitir el próximo jueves su decisión sobre la constitucionalidad de la ley, que se aprobó en diciembre pasado con los votos a favor de la extrema derecha de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen.
La ley, aprobada por las dos cámaras del Parlamento a mediados de diciembre, incluye medidas de inspiración conservadora, ya que el Gobierno no tiene mayoría en el legislativo y necesitaba el apoyo de la derecha tradicional.
Los convocantes, entre ellos numerosas personalidades del mundo de la cultura, piden al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que no promulgue la ley.
Los partidos de izquierda y ecologista presentaron el 22 de diciembre un recurso ante el Consejo Constitucional, ya que en su opinión hasta 24 artículos de la ley vulneran la Constitución francesa.
El texto incluye varias medidas controvertidas, como dificultar el acceso a las prestaciones sociales, establecer cuotas migratorias o restablecer el “delito de residencia ilegal”.