Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos emitieron reticencias sobre las implicaciones que podría tener a nivel nacional para las elecciones de noviembre validar la decisión del estado de Colorado de eliminar a Donald Trump (2017-2021) de las primarias republicanas por su papel en el asalto al Capitolio.
Tanto los magistrados más progresistas -como Sonia Sotomayor o Elena Kagan- como los más conservadores -entre ellos el presidente del TS, John Roberts- sugirieron en sus intervenciones la incomodidad con la idea de que los estados individuales interpreten la elegibilidad constitucional de un candidato para un cargo nacional.
Este ha sido uno de los argumentos centrales de la audiencia tras la que se determinará si la expulsión de Trump de las primarias republicanas en Colorado por su papel en el asalto al Capitolio de enero de 2021 es constitucional y si, por lo tanto, Trump está inhabilitado para volver a la Casa Blanca.
Unas horas antes del comienzo, el expresidente volvió a acusar al Partido Demócrata de intentar eliminarlo de la papeleta electoral.
Mediante un comunicado menciono que este es el mayor desafío legal al que se ha enfrentado, hizo un llamado a todos los patriotas pro-Trump a que continúen apoyándolo y lo mantengan en la papeleta.
La decisión del Supremo, podría alterar las elecciones presidenciales del próximo noviembre, en las que el magnate neoyorquino es el gran favorito para hacerse con la nominación republicana y batirse de nuevo con el presidente, Joe Biden, candidato demócrata.
El Supremo deberá tomar una decisión con premura debido al apretado calendario electoral, pero los analistas dudan de que haya un fallo antes del supermartes del 5 de marzo, cuando 15 estados, incluido Colorado, celebrarán sus primarias.
En el centro del debate se encuentra la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución.
El texto establece que ningún miembro del Congreso o funcionario de Estados Unidos que haya jurado la Constitución y participado en una insurrección o rebelión podrá ser electo presidente o vicepresidente, entre otros cargos públicos.
Los dos bandos están enzarzados en un debate jurídico sobre si la enmienda se puede aplicar a Trump dado que el texto habla de funcionario, pero no menciona explícitamente al presidente.
La defensa afirma que Trump no incitó la insurrección, instando a sus seguidores a comportarse pacíficamente, pero la acusación lo responsabiliza por la violencia.
Esta es la primera vez en la historia que el tribunal más alto del país escucha un caso relacionado con la Sección 3 de la Enmienda 14, un texto que había quedado en desuso después de que el Congreso amnistiara en 1872 a la mayoría de rebeldes confederados.