Autoridades señalan que las cárceles del país se han convertido en fuentes de extorsión y corrupción.
Una ola de violencia contra funcionarios del Instituto Penitenciario Carcelario de Colombia (INPEC), que ha incluido la muerte de varios guardianes, llevó al gobierno a decretar este lunes la emergencia carcelaria en todo el país, informó el ministerio de Justicia.
Según el titular de justicia, Néstor Osuna, tras una reunión extraordinaria del Consejo Directivo del INPEC se pudo constatar que la situación de amenazas y acciones violentas contra el personal de esta institución llevó a declarar por unanimidad la extrema medida, derivada también de la constatación de que las cárceles del país se han convertido en fuentes de extorsión y corrupción.
Seis guardianes de diferentes cárceles del país han sido asesinados en la última semana, denunciaron este lunes los sindicatos agrupados en la Unión de Trabajadores Penitenciarios, al anunciar jornadas de protestas en todas las prisiones.
Las organizaciones de guardianes atribuyeron la actual escalada de violencia a un grupo denominado “Muerte a Guardianes Opresores” (MAGO), al tiempo que el gobierno sostuvo que buena parte de los crímenes y amenazas obedece a una reacción de la delincuencia organizada luego de capturas o traslados de jefes mafiosos.
La más reciente reacción de las bandas organizadas tuvo lugar en la occidental ciudad de Tuluá, que vivió una noche terror con incendios de vehículos y asesinatos de dos policías tras la captura de Mauricio Marín, jefe de una organización delincuencial conocida como “La Inmaculada”.
En Colombia hay 132 establecimientos carcelarios repartidos en 28 de los 32 departamentos del país, donde se registra un hacinamiento que supera el 25 por ciento. Casi 195 mil reclusos se amontonan en prisiones con capacidad para albergar a unas 150 mil personas.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha diseñado una estrategia denominada “humanización carcelaria” que no sólo busca disminuir la sobrepoblación en las prisiones, a través de reformas a los códigos, sino la conversión de los centros penitenciarios en verdaderos lugares de rehabilitación.
A este panorama se agrega la existencia de una cultura de la corrupción dentro de los penales, según han expresado especialistas en el tema carcelario en innumerables estudios, que reflejan también una fuerte estratificación en la que unos pocos disfrutan costosos privilegios mientras la mayoría de los reclusos viven en condiciones infrahumanas.
