El organismo de control parlamentario de derechos humanos pide al Parlamento examinar este plan.
El plan del gobierno británico de enviar a algunos solicitantes de asilo en un viaje de ida a Ruanda es fundamentalmente incompatible con las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos, afirmó el lunes un organismo parlamentario de derechos humanos, mientras el polémico proyecto de ley volvía a ser debatido en la Cámara de Representantes. Señores. La cámara alta no elegida del Parlamento está examinando un proyecto de ley diseñado para superar el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido de que el plan de Ruanda es ilegal. El tribunal dijo en noviembre que la nación de África Oriental no es un país seguro para los inmigrantes.
El proyecto de ley sobre seguridad de Ruanda declara que el país es seguro, dificulta que los inmigrantes impugnen la deportación y permite al gobierno británico ignorar las órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que buscan bloquear las deportaciones.
El Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento, que cuenta con miembros tanto del gobierno como de los partidos de oposición, dijo en un informe que el proyecto de ley “invita abiertamente a la posibilidad de que el Reino Unido viole el derecho internacional” y permite a los funcionarios británicos actuar de una manera que es incompatible con normas de derechos humanos.
La legisladora del Partido Nacional Escocés, Joanna Cherry, que preside el comité, dijo que el proyecto de ley “corre el riesgo de dañar incalculablemente la reputación del Reino Unido como defensor de los derechos humanos”.
El Ministerio del Interior dijo que el plan de Ruanda es una solución audaz e innovadora para un importante desafío global.
Según esta política, los solicitantes de asilo que lleguen al Reino Unido en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha procesarán sus solicitudes en Ruanda y permanecerán allí de forma permanente. El plan es clave para la promesa del primer ministro Rishi Sunak de detener los barcos que traen inmigrantes no autorizados al Reino Unido. Sunak sostiene que deportar a los solicitantes de asilo no autorizados disuadirá a la gente de realizar viajes arriesgados y romperá el modelo de negocio de las bandas de tráfico de personas.
Los grupos de derechos humanos califican el plan de inhumano e inviable, y todavía no se ha enviado a nadie a Ruanda.
En respuesta al fallo de la Corte Suprema, Gran Bretaña y Ruanda firmaron un tratado comprometiéndose a fortalecer la protección de los migrantes. El gobierno conservador de Sunak sostiene que el tratado le permite aprobar una ley que declara a Ruanda un destino seguro.
El proyecto de ley enfrentará múltiples intentos de enmendarlo y un prolongado tira y afloja entre los Lores y la Cámara de los Comunes electa que podría frustrar el objetivo de Sunak de hacer despegar el primer vuelo a Ruanda esta primavera. En última instancia, aunque la cámara alta puede retrasar y modificar la legislación, no puede anular la votación de los Comunes electos.
