Por Helga Kauffman
Hay muchas denuncias sobre los presuntos vínculos y financiamiento del narcotráfico a las campañas de Morena en el 2021; incluso existen declaraciones de quienes fundaron Morena, como la ex subdelegada regional de programas sociales en Sinaloa, María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez.
La ahora defenestrada Hernández Jiménez, dio a conocer que su entonces jefe, José Jaime Montes Salas, nombrado por Andrés Manuel López Obrador superdelegado de programas federales en Sinaloa y actualmente ocupa el cargo de secretario de Agricultura del estado, le pedía que entregara cierto número de tarjetas del bienestar y que las reportara como robadas o perdidas.
Incluso dijo que llegaban maletas de efectivo a la casa de campaña del hoy gobernador Rubén Rocha Moya, cuyo origen ni siquiera era dudoso.
Pero, a pesar de las investigaciones en los medios que no se han plegado al poder que ya se le acaba al tabasqueño, y estas afirmaciones de gente que estuvo con él en la fundación de su movimiento, no se hará nada, ni se investigará la relación de Américo Villarreal y Mario Delgado, entre otros, con el empresario huachicolero Sergio Carmona, asesinado en noviembre del 2021 en Monterrey.
Estas son cosas que no interesan al inquilino de Palacio Nacional, quien ha encontrado en la “aceptación-espejo”, es decir, hablar de lo que él es en teoría culpable, para “retratar” a quienes llama sus adversarios.
López Obrador descalifica todo lo que se le ha mostrado y ataca al mensajero, y lo mismo acusa complots, que ataques de los conservadores y toda la serie de adjetivos que por cinco años ha repetido diariamente.
El Presidente sabe perfectamente lo que pasa en Morena; sabe a la perfección que “no son iguales que priístas, panistas y perredistas, sino peores.
Y esta exhibición de robo a través de las tarjetas del bienestar, especialmente la de las ayudas a personas mayores, que fue denunciado en su momento por Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de esta administración, no tendrá efecto alguno.
Y lo que son las cosas, Urzúa, recientemente fallecido, calculó que por lo menos había 600 mil “beneficiarios’’ de la pensión que eran fantasmas, que representaban un robo de 50 mil millones de pesos, de cuyo destino no hay rastro.
También el empresario Ricardo Salinas ha denunciado la forma en que operan los morenos para obtener recursos ilícitamente.
López Obrador emplazó a Salinas a “presentar las pruebas’’ y dijo que en cuanto las tuviera, él mismo presentaría la denuncia, pero se olvida que el empresario no es ministerio público para investigar la comisión de un presunto delito y mucho menos su empleado.
El Presidente es quién tiene los instrumentos jurídicos para ordenar una auditoría y aclarar si es cierto o no lo que ya lleva años comentándose en los medios.
En campaña, el presidente López Obrador dijo que el jefe del Ejecutivo, “todo lo sabía’’, que “no se movía una hoja sin que lo supiera el presidente”, pero tal parece que ese no ha sido su caso.
Quizá lo que quiere López Obrador es olvidarse de todo lo que, como candidato durante 18 años, dijo que haría y concretarse a tratar de ocultar lo inocultable.
