El gobernador Rubén Rocha Moya, se hace de la vista gorda, mientras los grupos delictivos se reparten el territorio.
Rubén Rocha Moya, llegó al poder por los partidos Morena y Sinaloense; él nació en el municipio de Badiraguato, la cuna del narcotráfico, donde nacieron Joaquín “el Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
Este municipio es el origen del Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México, sin embargo, Rocha Moya prefirió la ruta del estudio, la política de izquierda universitaria y sindicalista.
El gobernador es escritor y una de sus publicaciones “El disimulo. Así nació el narco”, historia de ficción donde los pacíficos habitantes de un pueblo ven alterada la convivencia por la permisividad hacia los estupefacientes, y la violencia y la ambición se apoderan de la voluntad de la mayoría de ellos.
El libro expone la manera en que la sociedad se articula con el narcotráfico y, lo que se advierte, es que hay una falla del sistema de seguridad pública en Sinaloa.
Ello ha sido expuesto en incontables ocasiones, pero ahora transportistas de carga que movilizan cosechas del campo, denuncian que son extorsionados por grupos delictivos al condicionarles el pago de cobro de piso para que puedan circular por caminos y carreteras.
La situación no es nueva y, de hecho, desde hace meses han informado a las autoridades, al gobernador incluso, pero no han tenido acceso a las mesas de los operativos policiacos y militares de combate a delitos.
Se dice que la estrategia criminal gana terreno y la percepción de abandono y miedo en las actividades económicas, principalmente la agricultura que enfrenta una de sus peores crisis por la rentabilidad de los cultivos, la sequía y carencia de estímulos gubernamentales, poniendo en riesgo la producción alimentaria y la única fuente de subsistencia de miles de labriegos sinaloenses.
La alta delincuencia ha escalado a delitos no asociados al narcotráfico como la apropiación con fines de lucro de territorios estratégicos para el desarrollo, los controles de distritos de riego para suministrar agua a cambio del pago de sumas económicas, la participación en giros negros de venta de cerveza, dispensarios de mariguana y derivados y tabaco, y casas de apuestas que son minicasinos clandestinos.
Todo esto sucede con autoridades que fingen no ver aquello que los ciudadanos sí perciben y padecen, porque las instituciones de los ámbitos federal, estatal y municipal que deberían procurar e impartir justicia no investigan ni hacen valer la ley.
