“La autocracia iraní gobierna con lo que le queda: la fuerza bruta”, dijo la ONG Human Rights Watch en su reporte 2022, que detalla que hay 52 menores entre las víctimas mortales del régimen
El uso de la fuerza “excesiva y letal” en la represión de las protestas en Irán, la prisión de cientos de personas bajo cargos injustificados y la emisión de condenas de muerte en juicios sumarios y “gravemente injustos” han marcado el año 2022 en ese país, denunció este jueves la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.
La muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini bajo la custodia de la policía de la moral iraní por no llevar bien puesto el velo obligatorio desató una oleada de protestas “mayormente pacíficas y a menudo abarrotadas” que, según HRW, fueron reprimidas con “cartuchos, rifles de asalto y armas de fuego”.
Sólo hasta noviembre, grupos de derechos humanos investigaban la muerte de al menos 341 manifestantes, incluidos 52 niños.
En ese sentido, HRW pidió a los países, en especial a aquellos del “sur global”, que incrementen su presión a Teherán para que cese en su represión.
En sus intentos de reprimir las protestas, Irán emitió ya 16 condenas a muerte y ejecutó a cuatro personas, pese a los llamamientos internacionales para anular esas sentencias, emitidas en juicios calificados como “farsas” por varias autoridades y organismos internacionales, además de HRW.
Varias de las condenas han sido por el delito de “moharebe” o “enemistad con dios”, en su mayoría contra personas acusadas de haber matado a “basijis” -milicianos islámicos- que participaron en la represión de las protestas, aunque también los hay por herir a policías o bloquear calles.
Activistas iraníes denuncian que los juicios se están celebrando a puerta cerrada, en tiempo récord, con confesiones obtenidas bajo tortura y en muchos casos sin abogados presentes.
La ONG denunció que hay más de 15.000 manifestantes bajo custodia, detenidos en prisiones sobrepobladas y sin acceso a un “debido proceso”, y sin que las autoridades investiguen “las numerosas acusaciones de tortura o la rutinaria restricción de los detenidos a la asesoría legal”.
Entre ellos hay “cientos de defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y abogados detenidos por su disidencia pacífica o por apoyar a las protestas”.
Este tipo de represión también se ha dado en Irán en otras protestas vinculadas a huelgas laborales y protestas contra el alza de los precios.
HRW también denunció el incremento del número de ejecuciones vinculadas a delitos relacionados con las drogas (al menos 130).
En este contexto, HRW subrayó que en Irán las mujeres afrontan graves discriminaciones en temas relativos al matrimonio, divorcio, herencia y decisiones sobre la patria potestad, mientras que los casos de feminicidio se están reportando cada vez más sin que haya normas para prevenir los abusos y proteger a las supervivientes.
