El presidente Lula dio a conocer que con estos dos nuevos territorios se ha elevado el contador a 10 en lo que va de su mandato.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la creación de dos nuevos territorios indígenas para Brasil, elevando a 10 el número total de nuevas reservas durante este mandato. La reserva Cacique Fontoura estará en el estado de Mato Grosso y el territorio de Aldeia Velha estará en el estado de Bahía. Cubrirán un área total combinada de casi 342 kilómetros cuadrados.
En una ceremonia en Brasilia, Lula dijo que los pueblos indígenas deberían tener paciencia mientras busca cumplir su promesa de crear 14 nuevos territorios.
El predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, había alentado el desarrollo generalizado de la Amazonía tanto legal como ilegal y cumplió su promesa de no demarcar ni un solo centímetro adicional de tierra indígena.
Lula asumió el cargo en 2023 prometiendo cambiar eso, pero los activistas de los derechos indígenas esperaban que actuara más rápido. El año pasado demarcó seis territorios en abril y dos más en septiembre.
El presidente brasileño dijo durante su discurso que los dos últimos nuevos territorios no serían suficientes. Citó cuestiones legales por la demora en reservar tierras adicionales.
“Sé que tienes cierta preocupación porque esperabas seis tierras indígenas. Decidimos autorizar dos y eso frustró a algunos de nuestros amigos”, dijo Lula, de pie junto a su ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, que llevaba un tradicional tocado de plumas amarillas. “Hice esto para no mentirte. Es mejor solucionar los problemas que simplemente autorizarlo”.
Los cuatro territorios indígenas previstos que no fueron autorizados están ocupados por agricultores que tienen derechos de propiedad sobre esas tierras, dijo el gobierno de Brasil.
El líder indígena Dinamam Tuxá dijo a los periodistas que estaba parcialmente feliz. “Cada nuevo territorio indígena es una victoria”, dijo Tuxá.
El año pasado, la Corte Suprema de Brasil falló a favor de consagrar los derechos territoriales de los indígenas en un caso presentado por agricultores que buscaban impedir que los pueblos indígenas ampliaran el tamaño de sus reclamos territoriales.
Los grupos de derechos indígenas argumentaron que el concepto de plazo es injusto, diciendo que no tiene en cuenta las expulsiones y desplazamientos forzados de poblaciones indígenas, particularmente durante la dictadura militar de dos décadas en Brasil.
