Es una 43.1 por ciento mayor comparado con los 220 casos registrados en el mismo lapso, pero del año 2023.
Durante el primer trimestre del 2024, se registraron 315 casos de comercialización o extracción ilegal de hidrocarburo en Puebla.
Con ello la entidad se mantuvo en primer lugar a nivel nacional con el mayor número de ilícitos; hay que destacar que la cifra es 43.1 por ciento mayor comparado con los 220 casos registrados en el mismo lapso, pero del año inmediato anterior.
De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de enero a marzo de este año se iniciaron más de 300 carpetas de investigación en territorio estatal por delitos del fuero federal relacionados con la extracción ilegal, compra, distribución y/o comercialización de hidrocarburo.
Ante esto, Puebla se mantuvo como el estado del país con más delitos relacionados con la sustracción ilegal de hidrocarburo, infringiendo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
A Puebla le siguió Estado de México con 193 e Hidalgo con 160 averiguaciones.
A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo contabilizó en el primer trimestre de este año un total de mil 725 violaciones a la ley en materia de hidrocarburos.
Este ilícito del fuero federal en la entidad se ha comportado de la siguiente manera, el año 2023 terminó con mil 132, 2022 tuvo 644 casos, 2021 reportó mil 043 carpetas, en 2020 sumaron 937 y 2019, cuando el gobierno federal inició con el registro de información, se documentaron mil 481 averiguaciones.
Cabe mencionar que la ley del fuero federal castiga a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Las sanciones dependen de la cantidad de litros que hayan sido apropiada de manera irregular, pero van desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
