Reclutar a niños menores de 15 años como soldados es un crimen de guerra según el derecho internacional.
Un grupo islamista que opera en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, utilizó niños de tan solo 13 años en ataques contra una ciudad la semana pasada y los residentes que se vieron obligados a huir de los combates reconocieron a algunos de los niños soldados como sus parientes desaparecidos, dijo el grupo de defensa Human Rights Watch.
Al-Shabab, afiliado al grupo Estado Islámico, ha sido acusado anteriormente por agencias de la ONU de secuestrar niños y utilizarlos como soldados en su insurgencia en la región, que comenzó en 2017. Una oleada de ataques por parte de insurgentes en marzo dejó al menos Al menos 70 niños están desaparecidos, según las autoridades locales y un grupo de agencias de ayuda.
Los testigos dijeron al grupo de derechos humanos que decenas de niños soldados fueron utilizados en los ataques y fueron vistos portando rifles de asalto estilo AK y cinturones de municiones. Dos personas de la misma familia dijeron haber reconocido entre los niños a su sobrino de 13 años.
Los últimos ataques contra la localidad de Macomia comenzaron el viernes y continuaron hasta el día siguiente. Los combatientes islamistas saquearon tiendas y almacenes en busca de alimentos e intercambiaron disparos con soldados mozambiqueños y sudafricanos antes de retirarse, dijeron HRW y los medios de comunicación mozambiqueños.
Según los informes, al menos 10 personas, en su mayoría soldados, murieron en los últimos combates y unos 700 residentes huyeron a bosques cercanos para escapar de los ataques, según el informe de HRW.
Reclutar a niños menores de 15 años como soldados es un crimen de guerra según el derecho internacional. En febrero, los jueces de la Corte Penal Internacional otorgaron reparaciones por más de 52 millones de euros (56 millones de dólares) a miles de víctimas de un comandante condenado de un grupo rebelde ugandés, que incluía a ex niños soldados.
Los ataques en Mozambique se produjeron días antes de que la Agencia de Investigación Ambiental, una organización sin fines de lucro que investiga delitos ambientales, publicara una investigación de varios años que alegaba que se habían exportado ilegalmente millones de toneladas de madera desde Cabo Delgado a China desde 2017 y que las ganancias se habían utilizado para financiar la insurgencia.
La EIA dijo que su investigación encontró que los comerciantes chinos compran madera en conflicto de los insurgentes en Cabo Delgado y la exportan junto con otras maderas en violación de la prohibición de exportación de troncos de Mozambique.
