El ex primer ministro de Malta, Joseph Muscat, y otros ex altos funcionarios se declararon inocentes ante un tribunal de los cargos relacionados con un escándalo de corrupción hospitalaria que está agitando a la nación insular mediterránea mientras se prepara para las elecciones al Parlamento Europeo.
El caso involucra un acuerdo, originalmente alcanzado en 2015, en el que la administración de tres de los hospitales del país fue entregada a una empresa privada. El concesionario cambió en 2018.
En febrero de 2023, un tribunal anuló la concesión, alegando fraude, en un caso presentado por un exlíder de la oposición. El fallo provocó una fuerte caída del apoyo popular al gobernante Partido Laborista. El Tribunal de Apelación confirmó la decisión en octubre, dictaminando que había pruebas de colusión entre las partes en la concesión.
En abril concluyó una investigación magistral sobre el acuerdo hospitalario. Poco después, se presentaron ante los tribunales cargos que incluían soborno contra personas involucradas en el negocio del hospital.
Tres del primer grupo que comparecieron ante los tribunales fueron Muscat, que dirigió el país entre 2013 y 2020, su exjefe de gabinete Keith Schembri y el exministro Konrad Mizzi. En una audiencia previa al juicio el martes, se declararon inocentes de los cargos relacionados con soborno y lavado de dinero, entre otros.
Otros acusados también enfrentarán cargos, incluido Chris Fearne, quien renunció como viceprimer ministro días después de que surgieran noticias de los cargos. Ha negado públicamente los cargos. El gobernador del Banco Central de Malta, Edward Scicluna, también comparecerá ante el tribunal el miércoles.
Unos cientos de partidarios de Muscat se habían reunido frente al tribunal antes de la audiencia, coreando consignas que respaldaban al exlíder, que todavía es muy popular entre algunos votantes del Partido Laborista.
El escándalo ha dominado la política maltesa a medida que se acercan las elecciones al Parlamento Europeo.
El Primer Ministro Robert Abela, también miembro del Partido Laborista, cuestionó el momento del resultado de la investigación, señalando que después de cuatro años y medio, concluyó precisamente con la apertura de la candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo.
Abela también planteó dudas sobre el proceso de investigación en sí, como por ejemplo si los acusados tuvieron la oportunidad de ser escuchados por los investigadores. Sus comentarios provocaron indignación y la oposición describió sus declaraciones como ataques al poder judicial.