La presidenta del país tiene solo cinco días para aprobar el proyecto de ley, de no hacerlo el presidente del parlamento lo promulgará.
El parlamento georgiano anuló un veto presidencial al proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha provocado semanas de protestas masivas por parte de críticos que dicen que restringirá la libertad de prensa y obstruirá las posibilidades de Georgia de unirse a la Unión Europea.
La legislatura, controlada por el partido gobernante Sueño Georgiano, desestimó el veto de la presidenta Salomé Zourabichvili, una independiente. El presidente tiene ahora cinco días para aprobar el proyecto de ley. Si no lo hace, el presidente del parlamento lo promulgará.
El proyecto de ley aprobado por el parlamento a principios de este mes exige que los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y otros grupos sin fines de lucro se registren como que persiguen los intereses de una potencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación del extranjero.
Zourabichvili, que está cada vez más en desacuerdo con el partido gobernante, vetó el proyecto de ley el 18 de mayo. Ha acusado al partido gobernante de poner en peligro el futuro del país y obstaculizar el camino hacía convertirse en miembro de pleno derecho del mundo libre y democrático.
El veto fue rechazado por 84 votos a favor y 4 en contra en una polémica sesión parlamentaria, durante la cual un diputado de Georgian Dream roció con agua al líder de un partido de la oposición mientras hablaba desde la tribuna.
Los opositores al proyecto de ley se agolparon frente al edificio del parlamento y algunos gritaron “¡Esclavos!” cuando se anunció la votación.
El gobierno dice que el proyecto de ley es necesario para frenar lo que considera actores extranjeros dañinos que intentan desestabilizar a la nación del sur del Cáucaso de 3,7 millones de habitantes, pero muchos periodistas y activistas georgianos argumentan que el verdadero objetivo del proyecto de ley es estigmatizarlos y restringir el debate antes de las sesiones parlamentarias y las elecciones previstas para octubre.
Los opositores denuncian la legislación como “la ley rusa” porque se parece a las medidas impulsadas por el Kremlin para reprimir a los medios de comunicación independientes, las organizaciones sin fines de lucro y los activistas. Los críticos dicen que la medida pudo haber sido impulsada por Moscú para frustrar las posibilidades de Georgia de una mayor integración con Occidente.
