Los jueces de Luisiana podrían ordenar la castración quirúrgica para personas condenadas por delitos sexuales contra niños pequeños según la legislación aprobada, y si el gobernador republicano Jeff Landry la promulga, el estado aparentemente sería el primero en imponer tal castigo.
La Legislatura controlada por el Partido Republicano aprobó el proyecto de ley que da a los jueces la opción de sentenciar a alguien a castración quirúrgica después de que la persona haya sido condenada por ciertos delitos sexuales agravados, incluidos violación, incesto y abuso sexual, contra un niño menor de 13 años.
Un puñado de estados, incluidos California, Florida y Texas, cuentan con leyes que permiten la castración química. En algunos de esos estados, los delincuentes pueden optar por el procedimiento quirúrgico si lo prefieren. Pero la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales dijo que no tiene conocimiento de ningún estado que permita a los jueces imponer la castración quirúrgica.
Durante más de 16 años, a los jueces de Luisiana se les ha permitido ordenar que los condenados por tales delitos reciban castración química, aunque ese castigo rara vez se dicta. La castración química utiliza medicamentos que bloquean la producción de testosterona para disminuir el deseo sexual. La castración quirúrgica es un procedimiento mucho más invasivo.
El proyecto de ley recibió una aprobación abrumadora en ambas cámaras dominadas por el Partido Republicano. Los votos en contra del proyecto de ley provinieron principalmente de demócratas. Sin embargo, una legisladora demócrata, la senadora estatal Regina Barrow, fue la autora de la legislación.
Actualmente, hay 2.224 personas encarceladas en Luisiana por delitos sexuales contra niños menores de 13 años. Si el proyecto de ley se convierte en ley, únicamente podrá aplicarse a aquellos que hayan condenado por un delito ocurrido a partir del 1 de agosto de este año.
Si bien la castración suele asociarse con los hombres, Barrow dijo que la ley podría aplicarse a las mujeres. También destacó que la imposición del castigo sería por casos individuales y a discreción de los jueces. El castigo no es automático.
Si un delincuente no se presenta o se niega a someterse a una castración quirúrgica después de que un juez ordena el procedimiento, podría ser acusado de incumplimiento y enfrentarse a entre tres y cinco años adicionales de prisión, según el texto del proyecto de ley.
La legislación también estipula que un perito médico debe determinar si el infractor es un candidato apropiado para el procedimiento antes de que se lleve a cabo.
La actual ley de castración química de Luisiana está vigente desde 2008, pero los funcionarios dijeron que entre 2010 y 2019 solo pudieron encontrar uno o dos casos en los que se utilizó.