Los críticos han afirmado que esta ley frena la libertad de prensa.
El presidente del parlamento de Georgia dijo que promulgó una medida que ha provocado semanas de protestas por parte de críticos que dicen que limitará la libertad de prensa y pondrá en peligro las posibilidades del país de unirse a la Unión Europea.
La presidenta Shalva Papuashvili actuó después de que la legislatura, controlada por el partido gobernante Sueño Georgiano, anulara un veto al proyecto de ley por parte de la presidenta Salomé Zourabichvili.
Aprobada por los legisladores el mes pasado, la medida exige que los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y otros grupos sin fines de lucro se registren como que persiguen los intereses de una potencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación del extranjero.
Zourabichvili, que está cada vez más en desacuerdo con el partido gobernante, se había opuesto al proyecto de ley, acusando al partido de poner en peligro el futuro de Georgia y obstaculizar el camino hacía convertirse en miembro pleno del mundo libre y democrático.
El gobierno argumenta que la ley es necesaria para frenar lo que considera actores extranjeros dañinos que intentan desestabilizar a la nación del sur del Cáucaso de 3,7 millones de habitantes. Muchos periodistas y activistas dicen que su verdadero objetivo es estigmatizarlos y restringir el debate antes de las elecciones parlamentarias previstas para octubre.
Sus opositores la han denunciado como “la ley rusa” porque se parece a las medidas impulsadas por el Kremlin para reprimir a los medios de comunicación independientes, las organizaciones sin fines de lucro y los activistas. Dicen que la medida pudo haber sido impulsada por Moscú para frustrar las posibilidades de Georgia de una mayor integración con Occidente.
Zurab Japaridze, jefe del partido opositor Girchi-Más Libertad, dijo que el propósito de la ley era limpiar este país del sector no gubernamental, los medios críticos y los partidos de oposición, y llevarnos a la realidad que existe en Rusia.
El primer ministro Irakli Kobakhidze desestimó las críticas calificándolas de emociones innecesarias que únicamente tenían una base artificial.
Papuashvili dijo que una vez que la nueva ley se publique, el Ministerio de Justicia tendrá 60 días para completar los trámites necesarios. Posteriormente, los afectados por la ley deberán registrarse y declarar sus finanzas del año pasado.
