Las víctimas afirman no confiar en este plan, porque carece de garantías.
Los obispos católicos de España aprobaron un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia cuyos presuntos agresores han muerto o cuyos posibles delitos han sido proscritos, una iniciativa que el gobierno y las asociaciones de víctimas calificaron de carente de garantías reales.
La Conferencia Episcopal Española no proporcionó una estimación de a cuántas víctimas podría ayudar. Pero el año pasado la conferencia dijo que había encontrado evidencia de 728 abusadores sexuales dentro de la iglesia desde 1945 como parte de su primer informe público después de años de rechazar un enfoque integral para investigar el abuso sexual.
El setenta y cinco por ciento de los casos habían ocurrido antes de 1990 y más del 60 por ciento de los delincuentes habían muerto, dijo la conferencia.
El año pasado, una encuesta realizada por el Defensor del Pueblo de España indicó que el número total de víctimas, incluidos menores, podría ser mucho, mucho mayor.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, afirmó en una rueda de prensa en Madrid que “nuestro trabajo no empieza ni termina hoy, pero hoy es importante.
La medida del liderazgo del clero se produce después de que el gobierno de España aprobara un plan el año pasado para obligar a la iglesia a pagar una compensación económica a las víctimas de abusos.
El plan de la iglesia incluye un plan para la reparación material de las víctimas, que puede incluir compensación financiera y pago de servicios médicos o terapéuticos. La iglesia se comprometió a llevar a cabo la reparación “económica, espiritual y psicológica” de las víctimas.
También incluye el compromiso de la Iglesia de determinar la verdad de un presunto caso de abuso sexual incluso cuando el supuesto autor haya fallecido.
Cada caso será manejado por una junta de expertos recién creada que asesorará a cada diócesis sobre la mejor manera de atender a cada víctima.
El consejo asesor estará formado por 10 personas, cuatro expertos médicos, cuatro expertos en derecho penal y un representante de la conferencia episcopal y de la Conferencia de Órdenes Religiosas de España. La nueva junta podría entonces convocar a un representante de las asociaciones de víctimas para que trabaje con ella, dijo la conferencia de obispos.
Para aquellos casos de abuso que pueden ser perseguidos legalmente, la iglesia dijo que también cuenta con oficinas para atender a las víctimas.
