Esta nueva ley beneficiará de manera indirecta al expresidente Alberto Fujimori
El gobierno de Perú promulgó una ley que impide la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una decisión que favorece al expresidente Alberto Fujimori así como a cientos de militares investigados o procesados por masacres y asesinatos durante el conflicto armado interno del país.
La ley, que no contó con comentarios de la presidenta Dina Boluarte, fue promulgada, pese a una orden de julio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal regional en esta materia, indicando a Boluarte, al Congreso y al Poder Judicial que debían anular lo que entonces era todavía un proyecto de ley, porque contravenía el derecho internacional.
La nueva ley peruana contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en medio de una reacción más amplia contra los derechos humanos y el estado de derecho en Perú, dijo Volker Türk, alto cargo de derechos humanos de la ONU, en un comunicado.
“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran entre las violaciones más graves del derecho internacional y ni las amnistías ni los plazos de prescripción deberían extenderse a ellos”, agregó el comunicado. “Los responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas, de conformidad con el derecho internacional”.
Según una estimación de la fiscalía peruana publicada en junio, la legislación tendrá un impacto directo en 550 víctimas y 600 casos, incluidas investigaciones y procesos judiciales que serían archivados o desestimados por prescripción.
Según los expertos, la ley beneficiará especialmente a Fujimori -que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y fue condenado en 2009 por cargos de abusos a los derechos humanos- en un juicio actual en el que los fiscales buscan condenarlo a 25 años de prisión por el asesinato de seis campesinos en 1992.
