Fumio Kishida, anunció que dejará de ser primer ministro de Japón en septiembre, poniendo fin a un mandato de tres años empañado por escándalos políticos y allanando el camino para que un nuevo primer ministro aborde el impacto del alza de los precios.
“Seguiré haciendo todo lo que pueda como primer ministro hasta el final de mi mandato en septiembre”, declaró Kishida en una rueda de prensa televisada el miércoles para anunciar su decisión de no presentarse a la reelección como líder del Partido Liberal Democrático (PLD).
Su decisión de dar un paso al costado desencadena una contienda para sustituirle como jefe del partido y, por extensión, como líder de la cuarta economía más grande del mundo.
El apoyo público a Kishida se erosionó en medio de las revelaciones sobre los vínculos del partido con la controvertida Iglesia de la Unificación y, más recientemente, las donaciones políticas no registradas realizadas en las fiestas de recaudación de fondos del PLD.
El sucesor que elija el Partido Liberal Democrático tendrá que unir a un grupo gobernante díscolo y hacer frente a los probables nuevos aumentos del costo de la vida, la escalada de las tensiones geopolíticas con China y el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el año que viene.
Kishida sacó a Japón de la crisis causada por la pandemia del Covid-19 con un gasto de estímulo masivo, pero más tarde nombró al académico Kazuo Ueda al frente del Banco de Japón (BOJ), para poner fin al estímulo monetario radical de su predecesor.
En julio, el BOJ subió inesperadamente las tasas de interés a medida que se afianzaba la inflación, lo que contribuyó a la inestabilidad del mercado bursátil y provocó una brusca caída del yen.
La salida de Kishida podría significar un endurecimiento de las condiciones fiscales y monetarias en función del candidato, según Shoki Omori, estratega jefe de la sección de Japón de Mizuho Securities, Tokio.
En otra ruptura con el pasado, Kishida también evitó la economía de goteo impulsada por las ganancias corporativas en favor de políticas destinadas a impulsar los ingresos de los hogares, incluidas las subidas salariales y la promoción de la propiedad de acciones.