La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a El Salvador a poner fin al estado de excepción que lleva más de dos años en vigor, que ha suspendido los derechos civiles fundamentales mientras el gobierno perseguía a las poderosas pandillas callejeras del país. El organismo regional de derechos humanos señaló que la caída de las tasas de violencia en El Salvador dejó claro que el estado de excepción ya no era justificable.
“Demuestran que la situación de excepción ha sido superada y, por lo tanto, ya no existe una situación que justifique mantener activa la suspensión de derechos y protecciones de conformidad con la Convención Americana”, dijo la comisión en un informe.
El Congreso de El Salvador otorgó al presidente Nayib Bukele poderes extraordinarios para enfrentarse a las pandillas en marzo de 2022 tras un aumento de la violencia de las pandillas. Desde entonces, los legisladores han renovado los poderes especiales todos los meses, incluido este martes.
Las organizaciones de derechos humanos y civiles han argumentado que se podría perseguir a las pandillas sin suspender derechos como el acceso a un abogado o que se le diga por qué la policía lo está arrestando. Argumentan que ha habido poco debido proceso en las más de 80.000 detenciones realizadas.
La semana pasada, Bukele dijo que los avances en materia de seguridad logrados en los últimos dos años podrían mantenerse sin el estado de excepción, pero que era necesario arrestar a más pandilleros para garantizar que no se restablecieran.
La comisión de derechos humanos citó detenciones arbitrarias, la falta de pruebas presentadas contra los arrestados, audiencias masivas y poco acceso a abogados defensores entre los aspectos preocupantes de la represión. Otras organizaciones han hecho hincapié en el aumento de las muertes de sospechosos en prisión mientras esperan el juicio.
A pesar de esas medidas, la represión de Bukele ha sido muy popular y fue elegido para un segundo mandato por un amplio margen a principios de este año.
Las pandillas alguna vez dominaron la vida cotidiana de gran parte de la población salvadoreña, atacando a sus hijos, extorsionando sus negocios y llenando las calles del país de cadáveres. Hace menos de una década se consideraba uno de los países más mortíferos del mundo.