Bajo la nueva legislación del gobierno de derecha encabezado por Giorgia Meloni, las licencias de playa existentes seguirían siendo válidas hasta septiembre de 2027.
La fecha límite podría posponerse hasta marzo de 2028 si hay razones objetivas para retrasar el proceso de licitación, dijo el gobierno.
El compromiso busca abordar las quejas de los operadores existentes que corren el riesgo de perder sus concesiones y tendrían derecho a una compensación pagada por los nuevos titulares.
Durante casi dos décadas, la Comisión Europea ha estado enfrascada en una batalla legal con Italia por sus prácticas de concesión de playas, acusando al país de falta de transparencia y de violar las reglas de competencia. Los gobiernos italianos anteriores, de izquierda a derecha, se han resistido firmemente a las directivas de la UE que exigen la licitación competitiva, renovando persistentemente las concesiones de playa existentes sin procedimientos abiertos.
Durante años, muchos de estos lugares de playa han estado controlados por los mismos operadores, lo que a menudo ha dado como resultado una falta de innovación y precios elevados.
Los economistas creen que la apertura del sector podría atraer a nuevos actores, lo que podría mejorar la calidad del servicio y reducir los costos para los bañistas.
Actualmente, pueden pagar desde 25 euros por alquilar dos tumbonas y una sombrilla para el día en los establecimientos más básicos, hasta varios cientos de euros en complejos turísticos de lujo como Capri o el Salento de Puglia.