La Duma o cámara de diputados rusa aprobó un proyecto de ley que permite contratar en el Ejército a personas imputadas por la Justicia y también allana el camino al cese de su persecución penal.
Durante el período de movilización, ley marcial o en tiempos de guerra el contrato para cumplir servicio en el Ejército puede ser firmado no solo con personas que tengan antecedentes penales, hayan cometido delitos y cumplido condenas, sino también con imputados durante el proceso judicial, señala la norma aprobada.
La medida se podrá aplicar a cualquier etapa del proceso, ya sea tras el envío de la causa a los tribunales por parte de la Fiscalía, durante el propio juicio o la apelación.
Esta nueva ley amplía la normativa aprobada en marzo de este año que condonaba las penas a las personas que cumplieron condenas y firmaron contratos con el Ejército ruso, pero no se aplicaba a aquellos contra quienes todavía no había sido dictada una sentencia.
La ley modificada establece que los imputados podrán aspirar al levantamiento de los cargos en caso de condecoración u otros méritos en combate, una opción abierta antes solo a personas con condenas en firme.
También podrá optar a ello si el imputado alcanza la edad límite para servir en las Fuerzas Armadas o por motivos de salud y fin del período de movilización.
Las autoridades rusas han adoptado en los últimos tiempos diferentes medidas para incrementar el número de efectivos del Ejército sin necesidad de decretar nuevas movilizaciones, profundamente impopulares, promoviendo contratos más atractivos para servir en las Fuerzas Armadas.
Tras la incursión fronteriza ucraniana en la región de Kursk, el presidente ruso, Vladímir Putin, aumentó hasta 1.5 millones el número de soldados en el Ejército ruso, que se convirtió así en el segundo más numeroso del mundo tras el chino.