El ministro de Relaciones Exteriores de Haití criticó una política anunciada la semana pasada por la vecina República Dominicana de deportar a decenas de miles de inmigrantes a Haití, donde la violencia de pandillas está alimentando una devastadora crisis humanitaria.
“Las escenas brutales de redadas y deportaciones que estamos presenciando son una afrenta a la dignidad humana”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupuy, en X. “Condenamos enérgicamente estos actos deshumanizantes y exigimos respeto y justicia”.
La República Dominicana, que comparte la isla caribeña de La Española con Haití, dijo la semana pasada que deportaría hasta 10.000 inmigrantes por semana que se encontraban en el país ilegalmente, un marcado aumento.
En lo que va de mes, la República Dominicana ha deportado a más de 9.000 personas, más de 7.000 de ellas desde el jueves, dijo la agencia de inmigración del país en un comunicado el lunes.
Más de 4.900 del total eran haitianos, dijo un funcionario dominicano que pidió no ser identificado. La agencia dominicana dijo que estaba llevando a cabo las deportaciones respetando los derechos humanos.
El gobierno dominicano culpa al caos de Haití por los problemas de delincuencia y seguridad en la parte dominicana de la isla, y dice que ha perdido la paciencia con el lento progreso de una misión de seguridad internacional con el mandato de ayudar a resolver la crisis de Haití.
Las Naciones Unidas han pedido a los países de la región que detengan las deportaciones de haitianos que regresan a su país a una situación de peligro.
Si la República Dominicana sigue adelante con su plan, el número de deportados en un año aumentaría drásticamente de los más de 200.000 haitianos que fueron devueltos por la fuerza el año pasado.
Dupuy dijo que la política dominicana contraviene las normas de derechos humanos y que había alertado a los organismos internaban allí para exigir a sus empleadores que les proporcionaran permisos de trabajo para no ser deportados.
William Charpentier, quien dirige la Oficina Nacional de Migración y Refugiados de la República Dominicana, una asociación de organizaciones civiles centrada en los derechos, dijo que deportar a más de 1.000 personas al día daría al sistema de inmigración muy poco tiempo para considerar casos individuales y que las deportaciones masivas violaban el derecho internacional.