Por Kristian Hölge
La Cumbre de Líderes de América del Norte, recientemente culminada en CDMX, puso la trata de personas a la par con la crisis de opioides y el tráfico de armas, reconociendo que la trata es una tragedia humana a gran escala.
La trata es un proceso que cosifica a las personas, despojándolas de toda condición humana, y las convierte en objetos para ser comercializados, utilizados y explotados.
En México existen once modalidades de explotación —incluyendo el trabajo forzado, el matrimonio forzado y la mendicidad forzada— que afectan siempre a personas en situación de vulnerabilidad, normalmente por causa de la discriminación, pobreza o discapacidad.
El “Informe Mundial sobre la Trata de Personas” lo pone en evidencia con cifras y análisis. Cada dos años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), también activa en México, presenta las últimas tendencias y, aún más relevante, las posibles respuestas ante el preocupante panorama.
En tiempos de múltiples crisis simultáneas, no sorprende que los patrones de la trata van cambiando y por ende dificultan los esfuerzos de las autoridades y la sociedad civil, desde la prevención, la asistencia a las víctimas y la persecución penal.
Basado en los datos de 141 países, incluyendo el estudio de 800 casos judiciales e información de casi 500 mil víctimas y 300 mil tratantes, el principal hallazgo del séptimo Informe Mundial es precisamente que el número de víctimas detectadas va en bajada (11% en 2020). De hecho, por primera vez en veinte años.
La razón radica principalmente en la pandemia, pero las otras crisis que el mundo enfrenta —conflictos y el cambio climático— tienen el mismo efecto, pues debilitan la capacidad de detección de las autoridades, al mismo tiempo que la vulnerabilidad a la explotación va en aumento. Es una mala combinación.
La excepción es Norteamérica donde los hombres y mujeres víctimas detectadas aumentaron 26% y 14% respectivamente. No obstante, el número de sentencias condenatorias bajó 35% en 2020.
Sobre las condenas, el Informe nos deja con una incógnita: “¿Las mujeres son más propensas que los hombres a ser tratantes o más propensas a ser condenadas?”; mientras que 28% de las personas investigadas son mujeres, 36% son procesadas y 41% son condenadas. En el caso de los hombres, la tendencia es al revés (72%, 64% y 59%). Es decir, las mujeres investigadas por el delito de trata de personas tienen más probabilidades de ser condenadas que los hombres.
El tema llama la atención y merece más investigación. Las organizaciones internacionales y la academia deben analizar mejor la dimensión de género de la respuesta de la justicia penal a la trata de personas.
El Informe contribuye al desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. En México, se ha publicado el Programa Nacional 2022-2024 contra la trata de personas a cargo de la Comisión Intersecretarial. Vale la pena destacar que incluye una estrategia de generación de conocimiento, la cual toma en cuenta las particularidades territoriales y de población, incluido el género, que se observan en las distintas formas de explotación.
La Comisión Intersecretarial asume el Informe no como un ejercicio meramente estadístico. Se asume en cada dato el rostro de las víctimas y, sobre todo, la responsabilidad como Estado y como sociedad.
