Fue en septiembre cuando la administración Biden fijó fuertes subidas arancelarias a las importaciones chinas, incluido un arancel del 100% a los vehículos eléctricos.
El Gobierno mexicano expresó su preocupación por la propuesta de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de prohibir por motivos de seguridad nacional el uso de software y hardware chinos conectados en vehículos en las carreteras estadounidenses.
La Secretaría de Economía mexicana señaló en un documento al Departamento de Comercio estadounidense que la propuesta podría tener un “impacto sustancial en la industria automotriz de México”.
“Desde el punto de vista económico, plantea posibles barreras comerciales, interrupciones en las cadenas de suministro, aumento de los costes de producción y un posible riesgo de reducción del empleo directo e indirecto”, afirmó.
Grupos de fabricantes de automóviles y de tecnología pidieron en otro documento el lunes al Gobierno de Estados Unidos cambios y más tiempo antes de que la norma entre en vigor.
La propuesta supone una escalada significativa de las restricciones impuestas por Estados Unidos a los vehículos, programas informáticos y componentes chinos, y prohibiría de hecho la importación de automóviles de marca china, aunque se ensamblaran en México.
En septiembre, la administración Biden fijó fuertes subidas arancelarias a las importaciones chinas, incluido un arancel del 100% a los vehículos eléctricos (EV) y subidas a las baterías de ese tipo de autos y minerales clave.
México dijo que la propuesta podría violar las normas de libre comercio de América del Norte y “dar lugar a un aumento de los costes de producción debido al cambio de proveedores de autopartes y componentes dentro de la cadena de suministro pre-planificada de la industria automotriz”.
Sin embargo el Departamento de Comercio no hizo comentarios de inmediato.
La propuesta haría efectivas las prohibiciones de software en los modelos 2027. El veto al hardware entraría en vigor en los 2030 o en enero de 2029.
La Alliance for Automotive Innovation, que representa a General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai Motor y otros grandes fabricantes de automóviles, pidió al menos un año más para cumplir el requisito del hardware.
La Consumer Technology Association pidió que ambos plazos se ampliaran dos años más, al igual que Honda Motor, con el fin de “llevar a cabo las pruebas cruciales, las validaciones y la actualización de los contratos necesarios”.
El Departamento de Comercio espera finalizar la propuesta antes del 20 de enero. Las normas cubren todos los vehículos de carretera, pero excluyen los vehículos agrícolas o mineros que no se utilicen en vías públicas, así como los drones y los trenes.
