La ONG brindó un balance de la situación en la isla bajo la dictadura de Miguel Díaz-Canel
Prisoners Defenders denunció que hay 1,077 presos políticos en Cuba en estos momentos, de esos 37 fueron nuevos en enero. “Todos ellos son torturados, como lo demostró el estudio de 101 casos aleatorios denunciados por Prisoners Defenders ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) y los reproches públicos de este organismo por ello se materializaron en su informe posterior de mayo pasado sobre la situación de la tortura en Cuba”, expresó el informe.
Indicó que “el informe del Comité de los Derechos del Niño, en junio pasado, confirmó que decenas de niñas y niños siguen condenados a durísimas penas; todo por ejercer su libertad de manifestación y “asociación”, ’ acusándolos de sedición, entre otras barbaries”.
“La falta del debido proceso y la defensa no efectiva, han facilitado una represión generalizada sobre la población que huye víctimas de ella, además de la falta de perspectivas; todo al tiempo que el endurecimiento del actual Código Penal criminaliza un abanico interminable de motivos de persecución para el ejercicio de cualquier derecho fundamental protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, resaltó la ONG.
Prisoners Defenders enumeró los “amplios patrones de licencia para la represión” del régimen. En primer lugar, mencionó la “ausencia de tutela judicial para la privación cautelar de la libertad, como ampara la Ley del Proceso Penal en Cuba que, en una burla de la definición procesal normativa, denomina como “Instructor Penal” a un policía de la Seguridad del Estado, logrando con ello mantener en prisión provisional al reo hasta el dictamen del fiscal sin precepción judicial alguna”.
En segundo orden, hizo hincapié en la “inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba, siendo todos por definición normativa, dependientes orgánica, jerárquica y económicamente del Estado cubano, que se suman a la labor de la fiscalía, actuando como fiscales “blandos” en los procesos de persecución política”.
La ONG también denunció la completa dependencia orgánica y completa falta de jerarquía de los jueces del sistema penal respecto del poder político y los procesos penales, todas acusaciones, sin excepción, se sustentan únicamente con “testigos” dependientes del partido comunista usando de manera fraudulenta pruebas “periciales” solamente permitidas por el Ministerio del Interior, quien es la parte acusadora de quien derivan las condenas todas basadas exclusivamente en la supuesta interpretación del olfato de animales (canes), sin aceptar que en ningún caso se permitan siquiera pruebas periciales alternativas a los acusados.
Tambien expuso los procesos penales donde se criminalizan gravemente y persiguen sistemática y abiertamente un abanico interminable de derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, manifestación o asociación, hasta la salida o entrada del país, la privacidad y otros muchos derechos que hacen imposible el normal desarrollo de la sociedad: provocando un justificado de estado de psicosis y pánico permanente de sus ciudadanos.
Prisoners Defenders destacó el “uso de tipos delictivos del Código Penal que, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites de cualquier conducta que el régimen desee penalizar” además el “uso generalizado de procedimientos penales sumarios y abreviados violatorios, hasta el punto de amparar en su definición la ausencia de defensa, el derecho a la contradicción o la mera comunicación de la acusación a las víctimas”.
Respecto al último mes, denunció que ingresaron a la lista “37 casos de prisioneros políticos, todos por las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho de todo el país, incluyendo la persecución de sus opiniones en redes sociales, posiciones desafectas de la mal llamada ‘revolución’ y defensa de los derechos humanos ante el régimen criminal de La Habana”.
De los 1077 prisioneros políticos en Cuba tomando en cuenta al listado de la ONG se divide en 783 convictos de conciencia, 263 condenados de conciencia y 31 casos de otros presos políticos.
