Seguirá en el cargo hasta que se designe a un sucesor
La primera ministra de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, debilitada por una controvertida ley que recientemente facilitó la transición de género, anunció el miércoles su dimisión tras ocho años en el poder durante los que disfrutó de una alta popularidad.
La líder de 52 años, que encabeza desde hace años la lucha por un nuevo referéndum sobre la independencia respecto al Reino Unido, aseguró que su renuncia “no es una reacción a problemas a corto plazo”, sino el convencimiento de que “ningún individuo debe ser dominante en un sistema mucho tiempo”.
“En mi mente y en mi corazón sé que ha llegado el momento, que es el momento adecuado para mí, para mi partido y para el país, y por eso anuncio hoy mi intención de dimitir como primera ministra y líder de mi partido”, afirmó en rueda de prensa en Edimburgo, precisando que seguirá en el cargo hasta que se designe a su sucesor.
Subrayó sin embargo que no dejará la política, porque sigue comprometida con cuestiones como la mejora de oportunidades para los jóvenes y “obtener la independencia”. “Es una causa a la que he dedicado toda mi vida y en la que creo”, aseguró con rostro cansado y circunspecto.
La noticia, avanzada una hora antes por medios británicos, llegó como una sorpresa para todo el país.
En enero, tras la sorprendente dimisión de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, Sturgeon afirmó que seguía “llena de energía” y que no se sentía “ni mucho menos” cerca del momento en que tendría que marcharse.
Sturgeon se convirtió en líder del Partido Nacional Escocés (SNP) y del gobierno autónomo de Escocia tras la dimisión de su predecesor y mentor Alex Salmond en 2014, después de que los escoceses votasen al 55% a favor de permanecer en el Reino Unido.
Desde entonces, con paciencia y determinación, ha reanudado la lucha por la independencia, revigorizada por el Brexit al que los escoceses se opusieron de forma abrumadora.
Desde entonces defendío convocar un segundo referéndum, opción firmemente rechazada por el ejecutivo central de Londres.
