Francia vivió este jueves su quinta jornada de protestas contra la reforma de las pensiones a llamado de los sindicatos, con una movilización en retroceso a la espera de la huelga del 7 de marzo que busca “paralizar” el país.
El seguimiento fue inferior al de la marcha del sábado. A la espera de datos oficiales globales, el sindicato CGT reivindicó 1,3 millones de manifestantes en Francia y 300.000 en París (37.000, según la policía).
La nueva movilización tiene lugar en plenas vacaciones escolares de invierno en gran parte de Francia y busca aumentar la presión sobre los diputados, que tienen hasta el viernes para pronunciarse sobre la reforma.
Su objetivo es que el gobierno retire su propuesta de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como ahora) para poder cobrar una pensión completa.
Una mayoría de franceses –dos de cada tres, según los sondeos– se opone. El 31 de enero se registró la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas –entre 1,27 y 2,8 millones de personas–.
Pero el presidente liberal Emmanuel Macron está decidido a continuar, al defender que su plan evitaría un futuro déficit en la caja de las pensiones y acercaría la edad de jubilación a la de sus vecinos europeos.
Este jueves, la huelga afecta en menor medida al servicio de trenes y al transporte público de París, que funcionan casi con normalidad. Pero el aeropuerto parisino de Orly anuló un 30% de sus vuelos.
El paro en la empresa EDF provocó una caída de la producción de electricidad de más de 3.000 MW, equivalente a tres reactores nucleares, aunque no hubo cortes de suministro.
Las miradas están puestas en la Asamblea (cámara baja). Los sindicatos enviaron una carta a los diputados, salvo a los ultraderechistas, para pedirles que rechacen el retraso de la edad de jubilación.
Pero no es seguro que el texto pueda votarse antes del viernes, cuando pasará al Senado. El gobierno eligió un polémico procedimiento que le permite aplicar la reforma a fines de marzo, si las dos cámaras del Parlamento no se pronuncian.
Ante esta situación, la ultraderechista Marine Le Pen anunció una moción de censura para que los diputados contrarios a la reforma puedan expresarse, que no tiene visos de prosperar por el cordón sanitario de la izquierda contra su grupo.
A partir del 7 de marzo, con las vacaciones de invierno ya atrás, los sindicatos prevén recrudecer las protestas, incluso con huelgas prorrogables en el transporte o en la recogida de basuras.